Un juez de la Corte Nacional llamó formalmente a juicio, a las 16 personas naturales y 6 personas jurídicas implicadas, en el denominado “Caso Triple A”.
El mismo establece un posible perjuicio millonario para el Estado, por la venta al exterior de combustible subsidiado.
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El llamado se basa en los más de 250 elementos de convicción, presentados por el Fiscal de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Implicados
Entre los llamados está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y su hermano Antonio, como propietarios de las gasolineras, señaladas como presuntas responsables del delito.
El juez también dispuso que Álvarez, a partir de ahora, utilice grillete electrónico en el tobillo.
Las personas jurídicas llamadas a juicio son: Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Indudiesel y Harsajudi S. A.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel), en la cual se alertaba sobre una distribución y comercialización irregular de combustibles.
Esta actividad habría generado un perjuicio al Estado ecuatoriano, debido a diferencias considerables entre el volumen despachado y el facturado, por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras.
El perjuicio
Según la investigación de Fiscalía, el perjuicio económico al Estado ascendería a 61,5 millones de dólares, correspondientes a casi 23 millones de galones de diésel y gasolina.
Los informes periciales determinaron que las capacidades de almacenamiento de las estaciones de servicio, no corresponden con el volumen adquirido a las empresas procesadas. Además, durante la instrucción fiscal se identificaron irregularidades, que serían atribuibles directamente a los representantes de dichas compañías.
