La Asamblea Nacional anunció que fiscalizará la gestión del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), debido a los errores cometidos en la elaboración del más reciente censo.
El proceso será impulsado por la Comisión de Garantías Constitucionales, bajo cargos de supuesto “etnocidio estadístico”, por reducir en su informe la población afroecuatoriana.
La presidenta de la comisión, la correísta Paola Cabezas, denunció que al realizar el VII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades 2022, se cometió un grave perjuicio contra los ciudadanos negros.
Según Cabezas, en el 2001 la representación del pueblo afroecuatoriano era del 4,8%; en el 2010 pasó al 7,2%; y en el censo de 2022 apenas es del 4,9%. Es decir, volvió al peso poblacional de hace 22 años atrás.
Para la comisión, hubo graves errores de fórmula en la elaboración del censo, por lo cual se convocará a sus directivos para que respondan, por estos aparentes errores.
