Con el reintegro de USD 290 millones, el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) recuperará un 30% de los valores con que fue perjudicado por transacciones irregulares. Así lo señaló el coronel Renato González, director de la entidad.
Esta semana, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ordenó al Depósito Centralizado de Valores (DCV) del Banco Central (BCE) que corrija el registro o inscripción contable de 37 bonos de deuda interna del Estado, ya que estos pertenecen al Isspol.
De esa forma, la entidad obtendrá más recursos, que se suman a los USD 27 millones recuperados anteriormente por facturas negociadas y obligaciones de empresas, fideicomisos y bonos puros.
Así, el monto alcanza al 30% del perjuicio económico, que supera los USD 900 millones. Esto debido a las operaciones irregulares de inversión efectuadas en un periodo de alrededor de cinco años.
DCV omitió funciones
En 2016, Isspol canjeó USD 327,3 millones de bonos de deuda interna, en una operación en la que intervinieron Citadel Casa de Valores, Citibank y una empresa del intermediario Jorge Chérrez Miño, quien está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero en Estados Unidos.
En el proceso, Citadel hace una transacción cruzada. Así, la casa de valores actuó como vendedor de los papeles, representando al Isspol, y también como comprador, representando a Nats Cumco LLC, filial de Citibank.
En ese entonces, el DCV debió haber verificado los valores de la transacción bursátil y prestar atención ante el hecho de que Citadel no mostró el dinero. “Si la entidad no puso el dinero a disposición del compensador, no podía pasar a la siguiente etapa que es la liquidación, donde se concreta la transacción”, explicó a la prensa el superintendente de Compañías, Marco López.
Por esa razón, el funcionario señaló que el DCV omitió funciones. En su momento fue sancionado por la Superintendencia por el canje de estos bonos, por “no haber realizado la confirmación de la disponibilidad de los fondos”, cita el oficio relacionado con el tema.
Ahora, el organismo de control aplicó medidas de saneamiento y correctivas. Para ello elevó la consulta a la Procuraduría General del Estado, que respondió que no existe ninguna relación con las medidas sancionatorias anteriormente implementadas y que estas nuevas se podían ejecutar.
Los bonos emitidos deben cambiar de propietario
Con la disposición de la Superintendencia, el DCV tiene 10 días para hacer las correcciones y registrar los bonos a nombre del organismo policial.
Actualmente, estos papeles están en la cuenta de la casa de valores Picaval en el Depósito del Banco Central. En 2016, apenas se concretó la transacción Nats Cumco LLC pidió que se transfieran los recursos a la nueva entidad.
De los USD 290 millones que de nuevo estarán bajo el control del Isspol, USD 263 millones son bonos de deuda interna y unos USD 26 millones son en efectivo, por los intereses que se han pagado desde julio del 2022, cuando se aplicó una medida cautelar para la inmovilización de los recursos.
Ahora, la entidad de seguridad social deberá solicitar el levantamiento del recurso para disponer de este capital. Según González, el dinero de los intereses deberá ingresar a las cuentas del Isspol y servirá para las prestaciones que tiene la entidad.
Mientras que los bonos generarán una utilidad de USD 113 millones hasta 2034. “Es por eso que la recuperación, a lo largo del tiempo, es de USD 402 millones”.
Ahora el Isspol espera que los procesos judiciales sigan su proceso, tomando en cuenta el antecedente de la aplicación de medidas de saneamiento. “Lo avanzado constituye una demostración palpable para la ciudadanía de que cuando existe decisión, voluntad y sinergia de las diferentes instituciones, sí se puede vencer a la corrupción”, dijo el director.
Esta recuperación de recursos por parte del organismo de seguridad social de la Policía no afecta al Fisco, recalcó el superintendente López. “Esto no influye en que baje o aumente la deuda interna, la cual se mantendrá igual tanto en monto, como intereses y plazos”, enfatizó el funcionario. De esa forma, el monto adeudado por el Estado por esos bonos se mantiene.
Cronología jurídica del caso
2 de junio de 2020
El Ministerio de Gobierno realizó una denuncia ante la Fiscalía y advirtió sobre la existencia de presuntas irregularidades en operaciones financieras de inversión que afectarían a los fondos de la Seguridad Social de la Policía.
23 de febrero de 2021
Cuatro personas fueron detenidas por el presunto delito de peculado. Entre ellas, David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros, el exdirector de inversiones Alfredo Valverde y al exasesor jurídico del Isspol Santiago Duarte.
Abril de 2021
La Fiscalía inició otra investigación. La Policía remitió información sobre una supuesta estructura delictiva transnacional, la cual influyó en aprobar la viabilidad de entrega de bonos de deuda en el período comprendido entre 2014 y 2020.
Enero de 2022
La Fiscalía acusó a ocho personas de cometer el presunto delito de peculado por la negociación de USD 216,2 millones en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el pacto de recompra de Bonos Global 2024.
23 de agosto de 2022
Agentes ejecutaron allanamientos de inmuebles en Quito, Guayaquil, Samborondón y Manta. Allí recopilaron evidencias y se detuvo a 13 presuntos involucrados en esta trama. La nueva audiencia será en enero de 2023.
Fuente: El Comercio
