El exvicepresidente Jorge Glas Espinel abandonó la Cárcel 4 de Quito rodeado por un grupo de simpatizantes. Él obtuvo su libertad tras beneficiarse de una medida cautelar emitida por el juez Emerson Curipallo, de Santo Domingo de los Tsáchilas.
El exalto funcionario del correísmo salió de la cárcel, pero aún debe pagar más de USD 7,8 millones como reparación integral al Estado ecuatoriano. Ese monto se estableció cuando él fue sentenciado por actos de corrupción.
Glas tiene dos condenas en su contra. La primera es de seis años por el delito de asociación ilícita, en el caso Odebrecht. Y la segunda es de ocho años por cohecho, en el caso Sobornos. Ambas sentencias están ejecutoriadas, es decir que tres instancias judiciales diferentes ratificaron las penas.
En el 2017, se dictó la sentencia por asociación ilícita contra Glas y siete personas más. En ese año, un Tribunal estableció que el monto de reparación es de USD 33,3 millones. De ese valor, el exvicepresidente debe pagar USD 7 050 000.
A este valor se suma USD 778 224 como indemnización por el delito de cohecho, en el caso Sobornos.
La Procuraduría General confirmó que, hasta el momento, Glas no ha pagado directamente esos montos de reparación. Sin embargo, esa entidad tramita actualmente el embargo de sus bienes.
Por ejemplo, el pasado 12 de abril, jueces nacionales dispusieron el embargo de bienes del exvicepresidente y otros sentenciados del caso Sobornos. Las autoridades determinaron que Glas comparte con su esposa la propiedad de un departamento y un estacionamiento en un conjunto residencial, en el norte de Quito.
En el caso Odebrecht, la Procuraduría también ratificó su solicitud a un Tribunal de la Corte Nacional para que disponga el embargo de un departamento, una bodega y un parqueadero en Tonsupa, Esmeraldas. Glas y su esposa tienen derecho a esos inmuebles con usufructo vitalicio.
Según la Procuraduría, el embargo de esos bienes permitirá “cubrir parcialmente el monto fijado en sentencia como reparación integral a favor del Estado ecuatoriano por este caso de corrupción”.
Las reacciones
El actual Gobierno expresó su rechazo por la decisión del juez Curipallo de otorgarle una boleta de excarcelación a Glas. “Esta sería la quinta vez en la que un juez actuando en materia constitucional envía una notificación con un contenido similar respecto de la libertad del mencionado ciudadano”, indicó el Ministerio de Gobierno, en un comunicado.
Esa cartera de Estado hace referencia, por ejemplo, que, en abril y agosto de este año, un juez de Manglaralto y otro de Portoviejo otorgaron habeas corpus a favor del exfuncionario correista y emitieron boletas de libertad. Sin embargo, esas decisiones fueron revertidas por jueces provinciales.
“No podemos dejar de mencionar que el actual ordenamiento jurídico, que estamos en la obligación de respetar y acatar, es aquel que nos fuera heredado de los últimos 15 años, y que ha sido objeto de abusos y discrecionalidades”, indicó el Ministerio del Gobierno.
Esa entidad añadió que “las instituciones pertinentes ejercerán los derechos de los que se consideren asistidas, en el marco irrestricto del respeto a la Constitución y a la Ley”. El objetivo será dejar sin efecto el fallo judicial que benefició al exfuncionario. Precisamente, el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (SNAI) dijo que coordinará con la Procuraduría General para presentar una revocatoria a la medida cautelar otorgada el lunes por el magistrado Curipallo.
La decisión judicial
Un abogado en libre ejercicio fue quien solicitó la medida cautelar a favor del exvicepresidente. En ese pedido el jurista habría argumentado que el SNAI “no emitió los actos administrativos de manera oportuna” en relación con una solicitud para que Glas obtenga el beneficio de la unificación de penas y de la prelibertad. En la resolución del juez Curipallo consta que esa acción habría vulnerado sus derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso y a gozar de bienes y servicios de calidad. En cambio, el SNAI dijo que “no existe una amenaza ni vulneración a los derechos del sentenciado”.
