Juan Larrea Valencia, designado como nuevo procurador del Estado para los próximos cuatro años.
Con cuatro votos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana se escogió al tercero de la terna que propuso el presidente Guillermo Lasso.
Juan Carlos Larrea Valencia fue designado como titular de la Procuraduría General del Estado, luego de una deliberación interna que se produjo entre los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Tras una extensa jornada de casi seis horas en las que se escuchó las propuestas de planes de trabajo de los tres candidatos propuestos por el presidente de la República, Guillermo Lasso a ocupar este cargo, la noche de este 20 de octubre del 2022, se eligió al tercero de la terna, Juan Carlos Larrea Valencia como la nueva autoridad.
La resolución se tomó con el voto afirmativo de cuatro consejeros: Hernán Ulloa, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán; la abstención de Sofía Almeida y David Rosero; y en contra, de Javier Dávalos.
Larrea Valencia asumirá esta función en lugar de Íñigo Salvador y por un periodo de cuatro años, como lo determina el artículo 235 de la Constitución.
La terna que envió el presidente Guillermo Lasso estaba integrada por Juan Izquierdo Intriago, que la encabezaba; Yolanda Salgado Guerrón; y, Juan Larrea Valencia.
Izquierdo y Salgado enfrentaron, cada uno, una impugnación ciudadana por una posible falta de probidad e idoneidad, aunque los dos recursos fueron desechadas por los consejeros por falta de argumentos legales, por lo que avanzaron hasta esta última fase. Solo Larrea Valencia no fue objetado.
El nuevo funcionario, que ejercerá la representación legal y patrocinio del Estado en procesos judiciales a nivel nacional e internacional, es abogado de los tribunales y ha desempeñado cargos en la banca privada; en el departamento legal del Servicio de Rentas Internas (SRI); fue asesor jurídico del Ministerio de la Producción; es también catedrático universitario y, entre otros, se ha desenvuelto en el libre ejercicio.
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La resolución de la designación se tomó este jueves por una moción de la consejera Ibeth Estupiñán, quien resaltó la experiencia y la exposición de los planes de trabajo de los tres concursantes, aunque pesó el hecho de que Larrea fue el único que no recibió impugnaciones ciudadanas.
Por su parte, la vocal Sofía Almeida resaltó la participación de Izquierdo y Salgado, pero consideró que Larrea no tenía experiencia en el sector público, sino enfocado en el sector privado.
Rosero increpó que este la terna que proviene del “gobierno de los empresarios” y lamentó la elección resuelta.
Los dos increparon a sus cuatro colegas de mayoría por haber enviado una consulta jurídica a la Procuraduría General en las últimas horas, justo cuando se alistaba esta elección.
Esta ‘absolución’ pretende que dicho organismo aclare si los vocales del CPCCS que buscan la reelección en el cargo en las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023, podrían acogerse a la ‘inmunidad’ que determina el artículo 108 del Código de la Democracia, frente al juicio político que se sustancia en la Asamblea Nacional.
No obstante, dicho artículo se refiere a que los candidatos inscritos a un cargo de elección popular no pueden ser procesados penalmente, ni enjuiciados, pero no se refiere a interpelaciones de carácter político.
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En esa línea, los cinco consejeros Rivadeneira, Estupiñán, Dávalos, Bravo y Rosero, están legalmente inscritos como candidatos a la reelección por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que el enjuiciamiento legislativo podría afectar su postulación, pues de determinarse una posible censura y destitución, ellos no podrán ser funcionarios por dos años.
Dávalos, Rosero y Almeida no participaron en la plenaria de la noche del miércoles en la que se resolvió hacer esta consulta jurídica.
Por ello, Rosero advirtió que en los próximos días pedirá a la Asamblea Nacional que fiscalice el actuar de sus colegas y del nuevo procurador.
