El Universo .- La Fiscalía General del Estado (FGE) alertó de que fue notificada por el Consejo de la Judicatura (CJ) con disposiciones jurisdiccionales que determina que la institución debe pagar alrededor de $ 1,3 millones por concepto de reparaciones económicas.
El Ministerio Público dio a conocer la novedad la noche del viernes 22 de septiembre mediante un comunicado. Explicó que las notificaciones de la Judicatura llegaron en menos de tres semanas e incluyen “multas compulsivas y la aplicación de medidas coercitivas”, las cuales fueron emitidas por jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el cantón Portoviejo (Manabí).
“Es necesario precisar que, en los procesos judiciales en los cuales se han emitido estas providencias, la Fiscalía General del Estado no ha sido parte procesal, pues dichas reparaciones se generaron por acciones u omisiones del mismo Consejo de la Judicatura, en procesos disciplinarios a través de los cuales se destituyó a agentes fiscales”, apuntó la entidad que dirige la fiscal general, Diana Salazar.
Asimismo, precisó que el presupuesto que asigna el Ministerio de Economía y Finanzas “no incluye rubros para cubrir este tipo de obligaciones”.
La Fiscalía señaló que únicamente el Ministerio de Economía puede aprobar un incremento de recursos para cancelar los valores que notificó el Consejo de la Judicatura.
Si no se aprueba el aumento presupuestario “se podría perjudicar, incluso, a recursos que están destinados al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos”, advirtió el Ministerio Público e indicó que se activarán acciones legales “en salvaguarda de los intereses institucionales”.
Hasta el momento no existe un pronunciamiento público del Consejo de la Judicatura sobre el tema.
El aviso de la Fiscalía se dio el mismo día que debía desarrollarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del caso denominado Vocales, en el cual se investiga por presunto tráfico de influencias a los vocales de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo y al juez de Pichincha Vladimir Jhaya.
Sin embargo, la diligencia no se instaló, por cuarta ocasión, debido a que los abogados de Barreno no se presentaron argumentando calamidad médica, diligencia jurisdiccional y nueva defensa. La nueva fecha para la audiencia se fijó para el miércoles 27 de septiembre, a las 08:30.
