Con las amenazas denunciadas por el juez anticorrupción Carlos Serrano como antecedente, un grupo de magistrados de la Unidad Anticorrupción elevó una carta de 22 páginas al Consejo de la Judicatura (CJ) para exponer lo que refieren como una situación insostenible en el ejercicio de sus funciones.
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El documento está suscrito por 10 jueces de esta unidad especializada, encargada de tramitar causas relacionadas con crimen organizado, fue dirigido este lunes 26 de diciembre, al presidente del órgano, Mario Godoy, comparecerá ante el Pleno de la Asamblea Nacional para hablar sobre el caso de Serrano, que involucra a una ciudadano serbio acusado de narcotráfico.
La misiva también fue remitida a los vocales de la Judicatura y, según los firmantes, constituye la octava comunicación formal enviada desde la creación de la Unidad Anticorrupción para advertir sobre los riesgos que enfrentan.
En el escrito, los magistrados detallan que deben cubrir de su propio bolsillo los gastos del personal de protección, carecen de vehículos blindados y, en muchos casos, se ven obligados a movilizarse por cuenta propia, incluso a pie, en transporte público o en taxis.
También alertan sobre la falta de herramientas tecnológicas adecuadas, lo que provoca demoras y suspensiones de audiencias, así como una sobrecarga laboral agravada por el escaso personal de apoyo.
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En respaldo de su pedido, adjuntaron estadísticas sobre jueces asesinados en el país y recordaron que, por mandato constitucional, el Consejo de la Judicatura es el responsable directo de garantizar la seguridad de los operadores de justicia.
