También, le da un término de 48 horas para colocar una placa con el mensaje: “Ningún poder del Estado está por encima del poder constitucional”.
Este 16 de diciembre, el juez de la Unidad Judicial de La Concordia (Santo Domingo de los Tsáchilas), Ángel Lindao notificó a las partes procesales, entre ellas, a la Asamblea Nacional, su decisión en la acción de protección que presentó el ciudadano Manuel Párraga en contra de la resolución del 18 de noviembre, con la que se censuró y destituyó a Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo, mediante un juicio político.
Como parte de las medidas de reparación que dispuso el juez Lindao, ordenó a la Asamblea y a su presidente, Virgilio Saquicela, que en un plazo de 48 horas proceda con la posesión de las autoridades que “han sido designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al momento de la concesión de la medida cautelar, así como luego de la declaratoria de vulneración de derechos expresada en sentencia, por haberse dispuesto la nulidad absoluta e insubsanable del juicio político seguido en contra de los afectados″, recoge el fallo.
Articulado a ello, se refiere a la designación de Roberto Romero von Buchwald, como titular de la Superintendencia de Bancos, efectuada el pasado 3 de diciembre por la mayoría de consejeros del CPCCS.
Lindao recordó que existe una sentencia de primera instancia de acción de protección, en la que se “determinó la nulidad radical del procedimiento de designación del Raúl González”, disponiendo al CPCCS realice un nuevo proceso, del cual se eligió a Roberto José Romero von Buchwald.
Asimismo, le ordenó que en el término de 48 horas coloque la placa conmemorativa en la entrada principal del edificio del Palacio Legislativo, con la frase: “Ningún poder del estado está por encima del Control Constitucional”.
El pasado 7 de diciembre, el magistrado Ángel Lindao sustanció en audiencia pública la acción de protección que presentó el ciudadano Manuel Párraga, en contra de la resolución que aprobó el Parlamento censurando y destituyendo a cuatro de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana.
¡Insólito y arbitrario!
El juez A.Lindao del proceso 23303-2022-01419 se está atribuyendo funciones mágicas y de su interés, de forma sorpresiva y al apuro solicita la posesión de Superintendente Bancos, materia que NO FUE de análisis.
¿Justicia a la carta? ¿Corrupción?
🤷🏻👇 pic.twitter.com/Nm2Ve02oFZ
— Raúl González Carrión (@gonzalezcraul) December 16, 2022
En ella, aceptó la acción de protección y declaró la vulneración del debido proceso y la seguridad jurídica en el juicio político al resolverse sin un informe de la Comisión de Fiscalización que sustente la decisión.
Como medidas de reparación dispuso declarar la nulidad absoluta del juicio político por haber “precluido” en la Comisión de Fiscalización sin que se haya aprobado el informe; además, porque se convocó a los consejeros a comparecer sin considerar un plazo de 72 horas para que preparen su defensa y, en esa línea, dejó sin efecto legal la resolución del 18 de noviembre, en la que se los censuró y destituyó.
Ordenó a Saquicela que presente las disculpas públicas, acción que se cumplió el martes 13 de diciembre. Aún falta que se coloque la placa con el mensaje: “Ningún poder del Estado está por encima del poder constitucional”.
Esta decisión se da en un contexto en el que Raúl González Carrión, espera la decisión de un tribunal de la Corte Provincial del Guayas, en la que se apeló el fallo de primera instancia de la jueza Larissa Ibarra, que anuló el proceso en el que se lo designó.
Fuente: El Universo
