El juez de Garantías Penitenciarias, Diego Poma, está en el ojo de la tormenta. Y la causa es la serie de fallos que ha emitido en favor de José Macías, alias “Fito”, líder de la peligrosa banda criminal “Los Choneros”.
La Fiscalía lo investiga por este y otros casos controversiales.
“Fito” cumple una sentencia de 34 años de prisión por graves delitos, incluyendo homicidio. Pero de alguna forma consigue ciertos beneficios, que, por coincidencia, provienen del juez Poma.
En el más reciente, el magistrado dispuso que Macías regrese a la Penitenciaría del Litoral. Un mes antes había sido trasladado a “La Roca”, la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, por su presunta vinculación en el asesinato del entonces candidato presidencial, Fernando Villavicencio.
Poma acogió los pedidos de los abogados de “Fito”, en el sentido de que “su vida corría peligro en La Roca”, y ordenó su retorno. Pero no solo, sino con otros dos reclusos, considerados muy cercanos al cabecilla de “Los Choneros”, y que hacen las veces de guardaespaldas.
El juez y Macías han coincidido en seis procesos judiciales. En octubre del 2021, Poma prohibió que “Fito” sea cambiado de reclusorio, y antes extinguió 4 causas planteadas en su contra por robo, delincuencia organizada y porte de armas. Fallos muy convenientes, que permitieron al detenido solicitar la unificación de penas, paso previo para obtener la prelibertad.
Poma sabe del tema. En febrero del 2022 dispuso la acumulación de condenas de Junior Roldán, alias “JR”, quien de ese modo pudo salir libre en febrero del 2022. Sin embargo, la vida del conocido hampón terminó en mayo pasado, cuando fue asesinado en Colombia.
También tuvo suerte Eddy Castro Cabello, alias “Bemba”, otro cabecilla de “Los Choneros”. Se fugó y fue recapturado en Colombia, pero en enero del 2022 el juez Poma le concedió el régimen semiabierto, tras extinguirle una pena por asesinato.
Y por si fuera poco, el polémico magistrado ordenó la libertad de un capo albanés buscado internacionalmente. Dritan Rexhepi, apodado “el zar de la cocaína”, tenía 3 pedidos de extradición, pero en noviembre del 2021 salió libre gracias a Poma, y desde entonces se desconoce su paradero.
Pese a los pedidos que hizo entonces Fernando Villavicencio, cuando aún era presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, para que sea investigado y sancionado, nunca fue tocado.
Incluso el presidente Lasso lo llamó “un juez ímprobo, que con su accionar pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía”. Pero como único castigo, el Consejo de la Judicatura lo investiga por “infracciones administrativas”.
