La Judicatura sostiene que el entonces juez Banny Molina actuó sin competencia en el ‘habeas corpus’ concedido a Jorge Glas, Daniel Salcedo y Christian Araujo.
Seis días después de que el juez de Portoviejo (Manabí) Banny Molina fue destituido por el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) por haber cometido la “infracción gravísima de error inexcusable en sus actuaciones”, el ahora exjuez enfrentará este miércoles 28 de diciembre, a partir de las 10:00, una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de usurpación y simulación de funciones.
El procesamiento penal de Molina llegó luego que, el 5 de agosto pasado, él otorgó un habeas corpus a Christian Araujo, beneficio que se extendió, por el principio intercomunis, al exvicepresidente Jorge Glas y a Daniel Salcedo. La audiencia se dará en la Corte Provincial de Manabí y la fiscal provincial deberá sustentar su dictamen acusatorio y su pedido de llamado a juicio.
Inicialmente fue el Consejo de la Judicatura (CJ) que presentó la denuncia por el delito de usurpación de funciones contra el juez de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Portoviejo, Banny Molina, y la Fiscalía luego informó que abrió en Manabí una investigación previa en su contra por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas.
Según la Judicatura, el 5 de agosto pasado, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí revocó un sobreseimiento a favor del juez Molina y en su lugar ordenó que sea llamado a juicio dentro de un proceso penal por prevaricato, en el que supuestamente él ordenó en diciembre de 2018 que una sentenciada por peculado cumpla la totalidad de su pena de cárcel en su domicilio.
Ante este panorama, sostuvo el CJ, Molina habría actuado sin competencia en el habeas corpus concedido el mismo 5 de agosto a Christian Araujo, procesado por asesinato y con sentencia ejecutoriada de 13 años; al exvicepresidente Jorge Glas, quien mantiene dos sentencias en firme por delitos relacionados con corrupción; y a Daniel Salcedo, procesado que mantiene sentencias de primera instancia de 13 años de cárcel por el delito de peculado ocurrido en el contexto de la pandemia y otra de 3 años por el ingreso de artículos prohibidos a la cárcel.
Molina habría sido notificado verbalmente del auto de llamamiento a juicio poco después de las 12:00 del viernes 5 de agosto, mientras que la decisión relacionada a los tres habeas corpus la emitió pasadas las 16:00 de ese mismo día. Ahí radicaría la falta de competencia de la que habla el Consejo de la Judicatura y en torno a la que giró la investigación de Fiscalía.
Desde finales de noviembre se ha intentado instalar la etapa de evaluación y preparatoria de juicio contra Molina, pero por tres ocasiones anteriores se han suspendido las audiencias convocadas. Esta del 28 de diciembre es la cuarta fecha definida para que arranque la diligencia.
El presidente de la Corte Provincial de Manabí, quien lleva el caso por el fuero que cubría a Molina como juez, ha adelantado que si existiera alguna petición anterior a la hora señalada solicitando diferimiento, esta se dará con el patrocinio de uno de los defensores de la Defensoría Pública, sin que esto signifique de ninguna manera la vulneración de los derechos.
Molina en todo momento ha defendido la legalidad de las decisiones tomadas y ha dicho que simplemente a él se le inició un proceso penal como parte de una persecución en su contra.
Fuente: El Universo
