Molina fue aprehendido para investigaciones en el delito de usurpación de funciones, que se sanciona con una pena de uno a tres años de prisión, según el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Más temprano, el director general del Consejo de la Judicatura, Santiago Peñaherrera, presentó formalmente una denuncia por este delito en contra del juez Banny Rubén Molina. En cuestión de horas, la Fiscalía General del Estado anunció el inicio de una investigación previa en Manabí.
Según la Judicatura, Molina habría actuado sin jurisdicción en el habeas corpus concedido a Jorge Glas y a Daniel Salcedo Bonilla, pues sobre el funcionario judicial pesa un llamamiento a juicio por prevaricato.
El juez de Portoviejo otorgó la acción de protección al exvicepresidente y a Salcedo el viernes 5 de agosto, por haberse justificado que sus padecimientos de salud no han sido atendidos de forma especializada e integral. El lunes el magistrado emitió las boletas de excarcelación de los dos. Sin embargo, hasta el momento no se concreta la salida de Jorge Glas o de Salcedo.
Lo que se cuestiona de este proceso es que Molina pertenece a una jurisdicción lejos del lugar donde Glas guarda prisión, que es en la Cárcel 4, ubicada en Quito.