Este juicio político lo planteó el bloque correísta a través de la legisladora Viviana Veloz, por incumplimiento de funciones.
El próximo 3 de agosto termina la etapa de prueba del juicio político en contra de tres vocales del Consejo de la Judicatura y la expresidenta de ese organismo María del Carmen Maldonado, por supuesto incumplimiento de funciones. Luego se abrirán diez días de plazo para la actuación de pruebas.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional al momento elabora un cronograma de comparecencias y ejecuta algunas pruebas solicitadas por las partes.
Los tres vocales que enfrentan el juicio político son Fausto Murillo (actual presidente del Consejo de la Judicatura), Ruth Barreno y Juan José Morillo; además de la expresidenta de la Judicatura María del Carmen Maldonado.
La legisladora Viviana Veloz (UNES), proponente de este juicio político, acusa a los tres vocales y a la exfuncionaria de supuestas irregularidades en la emisión de resoluciones en el año 2019, relacionadas con el proceso de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia que implicó la destitución de jueces fuera de los periodos constitucionales.
Una supuesta extralimitación de competencias del Consejo de la Judicatura en el concurso de méritos y oposición de los jueces de la Corte Nacional de Justicia es otra de las acusaciones planteadas en esta solicitud de interpelación.
Nombramientos de conjueces temporales, supuestas irregularidades en el concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia de 2020, así como inobservancia de la ley en el nombramiento de fiscales provinciales encargados son parte de las acusaciones que enfrentan los interpelados.
Son al menos 30 solicitudes de comparecencias y aplicación de pruebas de oficio, por lo que la Comisión de Fiscalización espera las respuestas de los acusados para abrir el plazo de diez días adicionales para la actuación de las pruebas.
En sesión de la mesa de Fiscalización realizada en Guayaquil se determinó que la etapa de actuación de prueba se iniciará el jueves 4 de agosto por el lapso de diez días, y se incorporaron nuevos pedidos de pruebas adicionales planteados por los legisladores Gabriel Molina, Comps Córdova y Roberto Cuero (UNES).
Entre sus pedidos de comparecencias realizadas por los asambleístas del correísmo consta la del abogado Rafael Oyarte, patrocinador de los jueces y conjueces que fueron destituidos. Eso causó la observación del legislador Ricardo Vanegas (PK), quien advirtió que una persona siendo abogado de una de las partes no puede ser testigo de un proceso que se inicie, más aún político, porque hay un principio de confidencialidad. No puede declarar sobre lo que ha dicho su cliente en el proceso de defensa jurídica y ahora ser usado para un proceso político.
El presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, planteó que en la próxima sesión de la mesa se presente y apruebe el calendario de comparecencias.
Juicio al ministro del Interior
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) pidió a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) que realice un informe técnico-jurídico no vinculante sobre el cumplimiento de requisitos antes de la calificación del juicio político en contra del ministro del Interior, Patricio Carrillo, acusado de incumplimiento de funciones.
Los asambleístas Jhajaira Urresta (UNES) y Peter Calo (Pachakutik-rebelde), con el respaldo de 57 firmas solicitaron el juicio político en contra de Carrillo, por disponer la represión policial durante las protestas de junio pasado y además lo responsabilizan de deficiencias en la lucha contra la inseguridad.
La UTL tiene tres días para presentar el informe sobre el cumplimiento de requisitos y luego el CAL se deberá pronunciar calificando o no el pedido de interpelación del ministro del Interior.
Fuente: El Universo
