La destitución es la única sanción que cabe para Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), y los demás vocales que hicieron mayoría, por irrespetar un dictamen de la Corte Constitucional (CC).
Así se pronunció Gonzalo Muñoz, un destacado constitucionalista, al ser consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”.
A su criterio, la actuación de Vera y los otros consejeros fue grave, pues hicieron todo lo que estuvo a su alcance, incluyendo algunas “leguleyadas”, para destituir a la fiscal general, Diana Salazar, y a los jueces constitucionales.
Muñoz aseveró que los vocales que llegaron al CPCCS por la “liga azul”, auspiciada por el correísmo, desde el primer día se enfocaron en revisar la actuación del CPCCS transitorio, pese a que existe una expresa prohibición.
Y con esa premia atacaron a Salazar, por un supuesto plagio de su tesis doctoral, e impulsaron una “veeduría ciudadana”, que apuntaba a descabezar a la CC. Es decir, arreglaron todo con ese propósito, y solo cuando se ven “con el agua en el pescuezo”, intentan alegar inocencia.
Para Muñoz, la destitución debe incluir al juez de Montecristi que ordenó la “veeduría”, por irse contra un organismo superior, y al coordinador jurídico del CPCCS, por no apelar ese fallo. Aunque es evidente que obedecía órdenes del propio Vera.
El jurista consideró que, si la CC quiere hacer prevalecer sus decisiones y autoridad, y sobre todo el orden jurídico del país, debe sacar a los consejeros de sus funciones y colocar a los suplentes. No hacerlo, dijo, sentaría un precedente nefasto, para que otras autoridades, en el futuro, se sientan con capacidad de incumplir sus dictámenes.
Concurso con irregularidades
En cuanto al concurso que realiza el CPCCS, para elegir al nuevo contralor del Estado, Muñoz advirtió que hay muchas irregularidades, que buscan favorecer a candidatos vinculados a cierta línea política. En resumen, lo considera viciado.
Como prueba mencionó que dos de los aspirantes, Yolanda Velasco y Guido Escobar, académicos respetables, imparciales y de intachable trayectoria, aparecían con puntuaciones altas, y de la nada los rebajaron, con el evidente propósito de beneficiar a otros.
Para el constitucionalista, el Consejo no es más que un organismo político disfrazado de ciudadano, entregado a las afinidades políticas de sus directivos. Por ende debe ser mejorado, o simplemente desaparecer.
