La decisión de la Corte Constitucional, de no admitir los dos decretos-leyes enviados por el presidente Guillermo Lasso, fue la correcta.
En esos términos se pronunció el jurista Ramiro García, al ser consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”.
García recordó que, de acuerdo a la Constitución, mientras dure la ausencia de la Asamblea Nacional las iniciativas del Ejecutivo, para ser aprobadas, deben reunir dos requisitos fundamentales: ser de carácter económico, y tener urgencia. Y fue evidente que ninguna de ellas cumplía ambos parámetros.
Al analizar el primer decreto, creado para aliviar deudas por créditos educativos, García recordó que el propio Lasso lo envío tiempo atrás al Parlamento, pero por la vía ordinaria. Por tanto, es un tema que puede esperar.
El segundo caso, denominado “restructuración empresarial”, es mucho más grave, dijo, porque menciona como justificación el posible perjuicio que genere el fenómeno de El Niño, un evento que ni siquiera ha llegado al Ecuador. Es decir, con base a algo que todavía no existe, se pretendía dar a todas las compañías del país, la potestad de despedir a sus empleados sin indemnización.
Para el jurisconsulto, la Corte Constitucional hizo lo correcto al impedir que entre en vigor este “salvataje”, que hubiera provocado una nueva ola de desempleo, mayor aún a la que ya existe, y sin siquiera respetar las liquidaciones. La llamada “ley de quiebra” hubiera colocado a los trabajadores al final de la fila, violentado sus derechos.
El analista lamentó que el actual gobierno, sabiendo el corto tiempo que le queda de vida, parece actuar sin importarle lo que pase con el país.
Difícilmente habrá cambios
Asimismo, Ramiro García predijo que será muy difícil ver cambios positivos en el país, en el próximo periodo. Y en especial por lo mostrado por los actuales candidatos a la Asamblea Nacional.
El jurista anotó que, paradójicamente, mientras más educación hay en el país, menor es la calidad de los asambleístas, que se limitan a declarar el “Día del Bizcocho”, y a pedir condecoraciones para narcotraficantes y criminales.
Basta recordar que, de los anteriores 137 miembros del Parlamento, al menos 120 se limitaban a ejecutar órdenes, emanadas desde Bélgica, la Isla Mocolí y el Palacio de Carondelet.
En resumen, el supuesto debate de leyes y proyectos lo decidía un jefe ausente, que mientras más payasos tenía en la Asamblea, mejor.
