El juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, no es más que una “sucesión de errores”, que deja en pésimo predicamento a la Asamblea Nacional.
Así opinó el jurista Ramiro García, en diálogo con “Punto de Orden”.
Para García, los interpelantes deberían probar el supuesto delito de peculado, o al menos presentar algún indicio, pues si bien de trata de un proceso político, hasta ahora no han sido capaces de exhibir prueba alguna. Y peor aún cuando el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, punto central de la acusación, no fue firmado en el actual periodo.
A su criterio, es evidente que se trata de un tema ideológico y no jurídico, pero ante el país quedan cada vez más dudas, y fruto de ello es que, de los más de 100 votos que había a favor al iniciar el juicio, ya solo fueron 88 en la sesión del martes.
García estimó que, a este paso, y dada la debilidad de las acusaciones, sin mencionar los gravísimos errores de los acusadores, difícilmente la oposición reunirá los 92 votos para conseguir la censura y destitución de Lasso.
El jurista consideró que, si bien el país cuestiona la forma de gobernar del presidente, siempre pidió una interpelación limpia, lo cual no ocurre. Más bien en la Asamblea impera la idea de que “todo vale”, y que con cualquier pretexto se puede sacar al mandatario.
Es decir, ciertos líderes creen que 92 voluntades en el Parlamento, pesan más que la opinión de 16 millones de ecuatorianos.
Tanto así, dijo, que el Partido Social Cristiano ha perdido en los últimos días varios legisladores, precisamente por mantener una acusación sin evidencias, y por insistir en una alianza con el correísmo que va contra de su base ideológica de derecha.
Corte Constitucional no intervendrá
El jurisconsulto también precisó que la Corte Constitucional, dadas las cosas, difícilmente intervendrá en el juicio político, como pidió el gobierno. En especial porque la ley le prohíbe expresamente analizar las “pruebas”, por más tibias que sean.
Por tanto, predijo que la Corte se mantendrá al margen, y dejará que el Parlamento tome una decisión, que al parecer va encaminada a una derrota de la oposición.
Si bien, por tratarse de una interpelación, no es necesaria la certeza de que Lasso cometió peculado, indicó que al menos se requiere un indicio sólido. De hecho, si el presidente fuera censurado y destituido, difícilmente después la Fiscalía tendría algún elemento para entablarle una acción penal.
