La justicia de Perú abrió un proceso judicial contra el candidato presidencial Roberto Sánchez por presuntas irregularidades en la presentación de informes financieros de su organización política, Juntos Por el Perú. La decisión se produce a pocas horas de la segunda vuelta electoral, aunque no impide que continúe en la contienda presidencial.
La Fiscalía acusa a Sánchez de falsedad documental y ocultamiento de aportaciones económicas realizadas al partido durante 2019. Según la investigación, la organización habría omitido reportar ingresos privados por aproximadamente 204.951 soles, equivalentes a unos 57.400 dólares, en los informes entregados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Por estos hechos, el Ministerio Público solicita una pena de cinco años y cuatro meses de prisión. Además, plantea una inhabilitación permanente para que Sánchez no pueda ejercer funciones como dirigente de su agrupación política.
La acusación sostiene que el candidato firmó documentación que no reflejaba correctamente los ingresos recibidos por el partido durante ese período. Las autoridades buscan determinar si la omisión de estos recursos fue realizada de manera deliberada para evitar los controles establecidos por la legislación electoral peruana.
Pese a la apertura del juicio, Roberto Sánchez mantiene su candidatura y participará este domingo en la segunda vuelta presidencial. El aspirante de izquierda se enfrentará a la candidata conservadora Keiko Fujimori en una elección considerada una de las más reñidas de los últimos años.
