El Pleno de la Asamblea Nacional, 77 votos afirmativos, respaldó de manera expresa las acciones implementadas por el Gobierno, orientadas a desarticular las estructuras criminales vinculadas a la minería ilegal.
Asimismo, apoyó al fortalecimiento de los mecanismos de prevención, control y sanción de las actividades ilícitas en el ámbito extractivo, así como la identificación y erradicación de toda forma de corrupción o connivencia política, que ampare dichas prácticas.
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Intervención judicial
Asimismo, la Legislatura exhortó a las entidades que conforman la Función Ejecutiva, a coadyuvar en la protección efectiva del patrimonio natural del Estado, la defensa del territorio nacional, la preservación del orden público y el cumplimiento irrestricto de la normativa vigente a nivel ambiental, minera y penal.
También hubo un llamado a la justicia, para que sancione con mayor dureza a los responsables de esta actividad ilícita.
El Parlamento se comprometió a mantener un seguimiento permanente, técnico y transparente, en el marco de sus funciones de legislación y control político, sobre la implementación de las políticas públicas y de las acciones interinstitucionales orientadas a prevenir, controlar y erradicar la minería ilegal en todo el territorio nacional.
