La mañana de este viernes 23 de enero de 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional resolvió inadmitir la solicitud de juicio político presentada por el legislador del correísmo Luis Fernando Molina en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), tras detectar graves inconsistencias técnicas en el cumplimiento de los requisitos de validez, por segunda ocasión.
El CAL adoptó esta postura tras analizar el informe de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), relacionado con el proceso solicitado contra los consejeros Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán.
Durante el proceso de validación, se determinó que la solicitud no contaba con la firma electrónica del proponente Luis Fernando Molina en el documento principal, la cual constaba únicamente en un memorando del Departamento de Talento Humano (DTS).
El análisis técnico estableció que, de las 46 firmas presentadas, 15 resultaron inválidas por problemas de integridad electrónica, verificados a través de las plataformas oficiales FirmaEC y Security Data.
A esto se sumó la falta de principalización en uno de los registros y la insuficiencia de respaldo, ya que solo se validaron 30 firmas, sin alcanzar el apoyo mínimo de una cuarta parte de los integrantes de la Asamblea Nacional.
El 12 de enero el CAL inadmitió el primer pedido
El CAL, con mayoría de ADN, ya inadmitió una solicitud de juicio político contra los consejeros, también por inconsistencias en las firmas.
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