El presidente califica de “incomprensible” el rechazo de la Cámara Baja a que los jueces paguen impuestos
Tras la derrota parlamentaria del año pasado, el oficialismo argentino superó este miércoles el obstáculo más difícil para el Presupuesto 2023. Después de más de quince horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó esta mañana el proyecto del Gobierno por 180 votos afirmativos, 22 negativos y 49 abstenciones. El Presupuesto muestra que el Ejecutivo de Alberto Fernández prevé un horizonte complejo para un año marcado para las elecciones presidenciales de octubre: la estimación de crecimiento es del 2%, la mitad del 4% previsto para este 2022, y la de inflación es del 60%, lo que significa cierta reducción respecto al 83% actual pero aún por las nubes. El proyecto pasa ahora al Senado para su sanción definitiva.
La sesión legislativa dejó un sabor agridulce en el Ejecutivo de Alberto Fernández. La Cámara Baja rechazó uno de los artículos que más debate habían generado: el pago de impuestos por parte del Poder Judicial. “Es definitivamente incomprensible”, dijo Fernández esta mañana tras conocer el resultado de la votación particular, que se saldó con 134 votos negativos y 116 afirmativos. Sucesivos gobiernos han intentado sin éxito eliminar el privilegio del que goza el personal judicial al estar exento de tributar Ganancias, un impuesto que pagan aquellos trabajadores con los salarios más altos. Como en otras ocasiones, la Corte Suprema se había manifestado en contra del nuevo intento por equiparar el gravamen de jueces y fiscales al de los demás trabajadores de Argentina.
El Presupuesto 2023 diseñado por el equipo económico del ministro Sergio Massa estima un gasto total de 29 billones de pesos (unos 180.100 millones de dólares) con un déficit primario de 6,3 billones de pesos (unos 39.100 millones de dólares).
Meta de déficit del 1,9%
Dicho resultado, según el proyecto, es compatible con la reducción de déficit pactada con el Fondo Monetario Internacional como parte de la reestructuración de 44.000 millones de dólares de deuda. Argentina se comprometió a cerrar 2022 con un déficit primario del sector público nacional del 2,5% y del 1,9% en 2023.
El dictamen contempla aumentos en las cuotas de los seguros médicos, de las obras sociales para las categorías más altas, mayores aranceles para los bienes electrónicos, un nuevo impuesto sobre los billetes de avión y deducciones de impuestos vinculadas a la educación.
Como parte de las negociaciones para sacar adelante el proyecto, el Frente de Todos incluyó una cláusula que estipula que si al 31 de agosto de 2023, la inflación acumulada supera en 10% la meta anual o si los ingresos públicos superan en 10% lo presupuestado, el Ejecutivo deberá enviar “en un lapso de 30 días una ampliación del Presupuesto, no pudiendo hacerlo por decreto”. Esta cláusula es clave tras la distorsión en los últimos años entre las previsiones oficiales y las cifras reales. El anterior presupuesto, por ejemplo, estimaba una inflación del 33% para 2022, pero va camino de triplicarse. Para 2021, el aumento del IPC previsto fue del 29% y en realidad escaló al 52%.
Juntos por el Cambio, el principal bloque opositor, votó dividido. Los legisladores de la Unión Cívica Radical que apoyaron el Presupuesto argumentaron que rechazar el proyecto de ley por segundo año consecutivo daba discrecionalidad al Gobierno para reasignar partidas parlamentarias por decreto en año electoral. Además, consideraron que las metas macroeconómicas eran más realistas que las presentadas ante la Cámara Baja el año pasado por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán.
Los legisladores de Propuesta Republicana (Pro), el partido al que pertenece el expresidente Mauricio Macri y el actual alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se abstuvieron. Coalición Cívica, la tercera pata de la gran coalición opositora, optó por votar en contra junto al partido ultraliberal La Libertad Avanza.
Fuente: El País
