Los integrantes denunciaron redes de corrupción y otras falencias que detectaron en los centros carcelarios.
Las cárceles ecuatorianas tendrían redes de corrupción integradas por funcionarios, militares y policías, según confirmó este martes la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación.
Era un secreto a voces y un escenario que los integrantes de dicho grupo hicieron público en su informe de los primeros tres meses de trabajo. Allí expusieron, además, información relacionada con actos de corrupción, como parte de seis puntos que observaron y que esperan que el Gobierno solucione.
Hablaron de la falta de un sistema efectivo, con lo cual se ha creado una cultura de supervivencia que opera vendiendo favores, extorsionando, vendiendo protección en las cárceles; es todo un aparataje de corrupción que incluye a funcionarios del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), personas privadas de libertad, policías y militares, indicaron los comisionados.
Además, sostuvieron que eso ya lo sabe el Gobierno y esperan que actúe en consecuencia.
Pese a lo cual no dieron nombres; dijeron que no cuentan con pruebas (fotos o videos) para realizar acusaciones particulares. Sin embargo, calculan que al menos el 10 % de los funcionarios que laboran en el sistema carcelario serían corruptos e incluso recibirían pagos mensuales de las bandas.
La Comisión actualmente está conformada por siete miembros. Trabajó a partir del 16 de diciembre de 2021 y emitió esta semana un informe de sus labores hasta el 11 de marzo de 2022.
El informe intenta ir más allá de un diagnóstico y ser una estrategia de acción para rescatar los derechos humanos dentro de las cárceles de Ecuador, indicó Nelsa Curbelo, quien dirige la Comisión, a la que aún le quedan tres meses de vigencia.
Ella, entre las primeras observaciones, mencionó que las cárceles no son centros de rehabilitación, sino más bien almacenes de castigos. “Por un lado, son centros de castigos; y, por otro, son escuelas de tácticas delincuenciales”, expresó.
El informe, en una de sus primeras páginas, dice: “Garantías básicas de derechos humanos ―como comer nutritivamente, accesos a servicios médicos y educativos, reunificación familiar, rehabilitación, habilitación, reinserción social, entre otras― fueron anuladas. A esto se suma lo que para nosotros es uno de los ejes de mayor producción de violencia personal e interpersonal: el hacinamiento”.
Los comisionados destacaron también que las cárceles se han convertido en centros de retención juvenil. “Hemos realizado un censo sociovisual, y la mayoría ―más o menos un 75 %― de esta población penitenciaria son jóvenes, entre 18 y 35 años”, dijo el padre Luis Barrios, un sacerdote puertorriqueño que es profesor de Criminología en Nueva York.
Barrios destacó que la mayoría de las personas privadas de la libertad (PPL) son jóvenes y vienen de hogares pobres. “Porque, si eres rico, resulta que te enfermas y te sacan a una clínica; el problema es que todos adentro están enfermos. Entonces, aquí bailamos todos o rompemos las radiolas”, comentó el religioso en alusión a la discriminación que existe en las cárceles.
El sacerdote mencionó también que se han encontrado con presos que ya están con el 60 % de la pena cumplida y que no han podido acceder a su prelibertad, como sí lo hizo el exvicepresidente Jorge Glas en tiempo récord.
“En la cárcel de El Inca pasó esto a un ciudadano alemán de 90 años, que no hablaba español, ya había cumplido la pena total hace tres meses, pero su carpeta se había perdido en el SNAI de Quito y a nadie le importaba. Lo denunciamos y en tres días fue liberado”, contó Barrios, quien mencionó que los adultos mayores y las mujeres son víctimas del sistema.
La Comisión incluso descubrió que las mujeres de la cárcel de Guayaquil que no tienen familias serían vendidas por los caporales, así lo expuso Nelsa Curbelo, quien aprovechó para denunciar las condiciones inhumanas en las que tienen a los adultos mayores y a los grupos GLBT en las prisiones. “Hay seis u ocho en cuartos de 2 x 2 m″, sostuvo.
Fuente: El Universo
