La falta de acuerdos en el Consejo de Participación Ciudadana para elegir al vocal de la Judicatura extendería la prórroga en funciones de Fausto Murillo

El 2 de enero último, los cuatro consejeros que integraban la mayoría en el CPCCS, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, no se decidieron por ninguno de los tres candidatos de la cuarta terna que envió la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que se elija a su vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, como lo establece el artículo 179 de la Constitución.

Los otros tres vocales de minoría, David Rosero y Javier Dávalos se encontraban en uso de vacaciones y Sofía Almeida no participó de la plenaria.

Esa terna la componían Wilman Terán Carrillo, Mercedes Caicedo Aldaz y Luis Rivera Carrillo, quienes cumplieron los requisitos para participar, no enfrentaron impugnaciones por falta de probidad y se presentaron a exponer sus planes de trabajo, como parte del proceso de designación que certificó el CPCCS.

Sin embargo, ninguno satisfizo las expectativas de cuatro de los siete vocales y, por tanto, ninguno obtuvo los votos necesarios para ser electo pese a que, desde hace once meses, el organismo está presidido por Fausto Murillo, como presidente encargado, tras la renuncia de María del Carmen Maldonado.

En su defensa, el presidente del Consejo, Hernán Ulloa, aseguró que no es que los tres nominados de la terna fueron descalificados, “solo no hubo consenso” para decidirse por uno de ellos.

Pero eso “no quiere decir que pretendamos mantener una institución con una autoridad prorrogada, simplemente no existió consenso”, insistió Ulloa, en declaraciones de prensa dadas este 3 de enero.

Como efecto de esa falta de acuerdos, el reglamento de designación establece la solicitud de una nueva terna, lo que entrará al análisis del pleno de la Corte Nacional de Justicia, que prevé reunirse en las próximas horas.

No obstante, se abren tres escenarios que viabilizarían que Fausto Murillo se mantenga en la presidencia de la Judicatura y una de ellas es la decisión que tome la Corte.

El pleno de los jueces nacionales resolverá la respuesta que enviarán al Consejo y si ello implicará el envío de una quinta terna, apenas sean notificados con la devolución de la cuarta.

Entre esas decisiones no se descarta que la Corte Nacional plantee ante la Corte Constitucional (CC) una demanda por acción de incumplimiento de sentencia en contra del CPCCS, se informó extraoficialmente.

Esto, porque la elección del vocal principal y presidente del Consejo de la Judicatura fue una orden que dio la Corte Constitucional en el trámite de una acción extraordinaria de protección que interpuso Álvaro Román, vocal suplente del CJ, quien aspiraba a ser principalizado y presidir dicho órgano.

La CC en su fallo de septiembre pasado ordenó al Consejo de Participación Ciudadana que de forma “célere” elija a la autoridad hasta que se cumpla el periodo por el cual fueron designados los vocales; es decir, hasta enero del 2025. Y, que solo elija al principal, porque Román mantendría la suplencia.

Al respecto, Ulloa aseguró que el pleno dio trámite a la solicitud de la CC y que no podría considerarse como un incumplimiento.

“Hemos tratado de ser responsables; es normal que no se llegue a acuerdos y no existe la intención de mantener prorrogada a una autoridad. (…) Aquí operó la voluntad y postura de cada uno y no puede ser tomado como un desacato”, anotó.

El segundo escenario es que la Corte Nacional envíe su quinta terna, pero en el CPCCS no hay los votos suficientes para elegirlo, pues se prevé una reconfiguración del pleno debido a la incorporación de consejeros suplentes.

A propósito de los comicios del 5 de febrero, cinco de los siete vocales solicitaron licencia sin sueldo para participar de la campaña electoral, pues aspiran a ser reelectos en sus cargos.

De los cinco, tres hacían mayoría con Ulloa: Rivadeneira, Bravo y Estupiñán. Rosero y Dávalos en conjunto con Almeida formaron la minoría.

Hernán Ulloa anunció que convocará a una sesión este miércoles para continuar con las actividades institucionales y notificará a los consejeros suplentes que han sido posesionados por la Asamblea Nacional para que se sumen al pleno.

Entre ellos están Mónica Moreira (quien también está de candidata al CPCCS), Karina Ponce, Gina Aguilar y Olindo Nastacuaz.

Según Ulloa, resta que la legislatura posesione como suplentes a Carlos Figueroa, Aland Molestina y Teddy Tama, que participaron en los comicios del 2019, para que puedan principalizarse en lugar de Rosero y Dávalos.

Un tercer escenario es que no se logre designar al nuevo miembro del CJ hasta que se conozcan los resultados de los comicios de febrero próximo, en los que la ciudadanía se pronunciará por el Sí o el No por el referéndum de ocho preguntas de enmienda constitucional.

La sexta pregunta propone quitarle al CPCCS la atribución de designar a autoridades, entre ellas, los vocales de la Judicatura, y en sus anexos plantea que todas las autoridades que no han sido renovadas “se entenderán prorrogadas en sus funciones hasta que sean reemplazadas”, mediante el nuevo procedimiento que lo asumirá la Asamblea Nacional.

Así también, los concursos públicos que están organizándose en el organismo se declararían desiertos a la fecha de publicación de los resultados del referéndum, en el caso de que sea aprobado por la voluntad popular.

Ulloa insistió en que su resolución no implica una “afrenta” en contra de la Corte Nacional de Justicia o una “actitud deliberada de prorrogar a las autoridades”, sino fue la falta de consensos.

Los cuatro consejeros exaltaron la participación de Terán, Caicedo y Rivera en la exposición de sus planes de trabajo, una jornada que se extendió por siete horas el domingo 1 de enero.

Esa sesión se suspendió minutos antes de las 18:00 del domingo para deliberar sobre a quién se elegiría.

El reglamento les otorga el plazo de un día para pronunciarse y ese vencía a las 18:00 del lunes último.

Tras varios intentos fallidos por sesionar, a las 16:00 se reinstalaron y Francisco Bravo presentó la moción para la designación, proponiendo el nombre de Wilman Terán, quien era el primero de la terna.

Su moción tuvo el voto en contra de Ibeth Estupiñán, quien, si bien resaltó el plan de trabajo de Terán, recordó la sentencia de la CC que no les permitía designar un vocal suplente y cantó: “En contra”.

Rivadeneira se abstuvo y Ulloa votó a favor, luego de casi 30 minutos de motivación en los que resaltó las propuestas y trayectoria de los tres participantes.

Ulloa advirtió que no había los votos para designar al primero de la terna e intentó cerrar la sesión y que se solicite la nueva terna.

Pero Rivadeneira lo interrumpió y recordó que son tres los candidatos, por lo que mocionó la elección de Mercedes Caicedo. Solo la consejera votó por la postulante y los otros tres vocales se abstuvieron.

Finalmente, Ibeth Estupiñán propuso la elección de Luis Rivera y parafraseando al filósofo griego Aristóteles sobre el “equilibrio”, dijo que el nominado tenía ese equilibrio entre la edad (por su experiencia) y la innovación en su plan de trabajo.

Por su moción votaron Bravo, Rivadeneira, pero Ulloa se abstuvo, y fue así como se resolvió aplicar el artículo 21 del reglamento que establece solicitar una nueva terna.