El Universo .- La vocal de la Judicatura Maribel Barreno es investigada por la Fiscalía General por los delitos de tráfico de influencias y obstrucción de la justicia.
La Fiscalía General del Estado (FGE) rechaza la decisión adoptada, el viernes último, por la teniente política de la parroquia de Nayón (Quito), Nancy Ruiz, de otorgar medidas administrativas de protección inmediata a favor de la vocal del Consejo de Judicatura (CJ) Maribel Barreno y en contra de la fiscal general, Diana Salazar. El objetivo de la medida de protección es supuestamente detener o prevenir la violencia contra la funcionaria de la Judicatura.
La notificación a Salazar fue hecha la tarde del viernes último y se transforma en un capítulo más de los hechos que se han generado desde el 28 de abril pasado, cuando la fiscal general anunció que formulará cargos por el delito de tráfico de influencias contra los vocales del CJ Barreno y Juan José Morillo, además del juez de Pichincha Vladimir Jhaya.
Barreno, Morillo y Jhaya son parte de una investigación previa abierta el 15 de junio de 2022, ante audios filtrados en los que el vocal Morillo, en presencia de la vocal Barreno, pide apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejos, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, para así salvarla de sus destitución. El caso ha sido ubicado como Vocales.
En el documento firmado por Ruiz, se prohíbe al “agresor” (Diana Salazar), por sí o por terceros, generar acciones de intimidación, amenazas o coacción a la mujer que se encuentra en situación de violencia (Maribel Barreno) o de cualquier integrante de su familia. También se dispone la instalación de dispositivos de alerta, riesgo o dispositivos de alerta en la vivienda de la mujer víctima de la violencia.
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Desde la Fiscalía se califica de ilegal la resolución de la teniente política de Nayón y ha asegurado que el ejercicio de las atribuciones que ostenta el ente persecutor oficial del Estado, como el procedimiento de notificación de inicio de una investigación previa, que por mandato legal le corresponde cumplir, de ninguna forma se subsume en algún tipo de violencia de género, pues claramente este concepto no engloba el ámbito del ejercicio de las funciones y competencias constitucionales que posee la Fiscalía.
Además del caso Vocales, Barreno, proceso en el que se está a la espera de que se defina en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que la Fiscalía fundamentará su dictamen, la integrante del pleno del CJ ha sido notificada del inicio de una investigación por el delito de obstrucción de la justicia. En esta causa ya Salazar ha pedido a la CNJ fecha y hora para formular cargos contra Barreno, el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, el también vocal Xavier Muñoz y otros cinco funcionarios de ese organismo.
En el proceso por tráfico de influencias Barreno ha tratado de dejar fuera de caso al juez nacional Walter Macías. Primero lo recusó ante una supuesta enemistad manifiesta del magistrado contra la vocal y luego presentó una queja administrativa ante una presunta negligencia manifiesta del juez Macías. Ninguna de las acciones han prosperado en el interior de la CNJ, pues en el primer caso un juez de la Corte Nacional desestimó la recusación, mientras que con 17 votos a favor en el pleno de la CNJ no se aprobó el informe que recomendaba se declare la manifiesta negligencia.
La Fiscalía anunció que al no estar sustentada en derecho la resolución de Ruiz, la institución solicitará al órgano jurisdiccional la respectiva revocatoria. De lo que se conoce, Ruiz ya fue retirada del cargo de teniente político de la parroquia de Nayón.
Abogados consultados, quienes prefirieron no ser nombrados, señalaron que es evidente el afán de la vocal Barreno por apartar a la fiscal general de los casos en los que se le investiga. Fundamentan su posición en la serie de actos que se han dado en el caso Vocales, en el que incluso el juez Macías fue destituido con solo los votos de dos de los integrantes del pleno del CJ, Wilman Terán y Xavier Muñoz.
El jueves último, una jueza constitucional restituyó al cargo de juez de la Corte Nacional a Walter Macías, dejando sin efecto la decisión tomada el 19 de agosto pasado en una sesión extraordinaria.
