El País .- La Cámara Federal de Buenos Aires anula el sobreseimiento dispuesto por un juez de primera instancia en una causa por presunto blanqueo de capitales
A menos de dos semanas para la asunción del nuevo Gobierno de Argentina, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sufrió este martes un nuevo revés judicial. La Cámara Federal de Buenos Aires, un tribunal de segunda instancia, ordenó reabrir la investigación contra Kirchner en la conocida como ‘Ruta del dinero K’, iniciada diez años atrás. Esta causa, centrada en maniobras de lavado de dinero por las que el empresario Lázaro Báez fue condenado en 2021 a doce años de cárcel, había sido cerrada en junio por falta de acusadores. La Cámara decidió revocar el sobreseimiento dictado entonces por el juez Sebastián Casanello, cuando rechazó como querellante a la asociación civil Bases Republicanas, una ONG cercana al macrismo.
La orden de reabrir la investigación fue una decisión dividida. El juez Eduardo Farah votó en minoría por considerar que la ONG no era “una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa” y por tanto no podía hacerse lugar a su petición. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, en cambio, consideraron que sí era pertinente. “Los argumentos expuestos por los querellantes en el recurso resultan suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada en esta causa”, manifestó el juez Llorens en el fallo.
Bases Republicanas decidió presentarse como querellante ante la Justicia después de que la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Fisco argentino (Afip) desistiesen de la acusación contra Kirchner. Los organismos estatales se retiraron tras un dictamen adverso de la Fiscalía en el que señalaba que la relación entre Kirchner y Báez no era suficiente para probar la participación de la dirigente en las operaciones de lavado de activos investigadas. El juez Casanello rechazó esta ONG como querellante, pero la Cámara la aprobó.
La causa comenzó en 2013 y gran parte de la investigación ya se debatió en juicio. En 2021, la Justicia encontró culpable a Báez de blanquear activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando su nombre figuraba entre los contratistas del Estado preferidos por el kirchnerismo. Báez era entonces dueño de Austral Construcción, una empresa con sede en Santa Cruz, la provincia que fue bastión político del kirchnerismo, que lo convirtió en millonario gracias a jugosos contratos estatales. Un tribunal superior confirmó la culpabilidad de Báez pero rebajó la pena a diez años. La Justicia condenó también por esta causa a los hijos de Báez, al arrepentido Leo Fariña y a un grupo de financistas.
La investigación contra Kirchner por su supuesta vinculación a esas maniobras de lavado, en cambio, nunca prosperó. “No tuve que ver con estas maniobras, ni directa ni indirectamente”, se defendió la expresidenta argentina (2007-2015) cuando fue citada a declarar. En su dictamen, la Fiscalía destacó que era innegable que Kirchner y Báez tenían una “estrecha y directa relación personal”, pero consideró que eso no alcanzaba para mantener la acusación contra ella. Ahora, la investigación contra Kirchner deberá volver a empezar.
Los nuevos aires políticos que soplan en Argentina han llegado a la Justicia, que suele acomodarse a ellos con rapidez. El fallo de este jueves es el segundo revés que recibe la vicepresidenta en dos meses desde los tribunales. En septiembre, la Cámara Federal de Casación Penal, el último tribunal antes de la Corte Suprema, resolvió también revocar el sobreseimiento de la expresidenta (2007-2015) en otros dos casos: uno por presunto lavado de activos y asociación ilícita a través de una inmobiliaria familiar y de la empresa administradora de sus hoteles en la Patagonia, archivada en noviembre de 2021; y otro en el que se la acusa de encubrir a los iraníes acusados de ser los autores ideológicos del atentado contra la mutual israelita en Buenos Aires (AMIA), que dejó 84 muertos en 1994. Un tribunal oral había cerrado esta causa en octubre de 2021 por no hallar un delito.
A partir del próximo 10 de diciembre, Cristina Kirchner, de 70 años, no ocupará ningún cargo público ni dispondrá de la inmunidad de la que gozaba hasta ahora como vicepresidenta. Sin embargo, ninguna de las causas abiertas contra ella está firme. La más avanzada es la conocida como Vialidad, en la que hace un año fue condenada a seis años de cárcel por fraude al Estado. En el fallo, que ya ha sido apelado, el tribunal sostuvo haber encontrado certezas de “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”. Según el fiscal Diego Luciani, el total defraudado a las arcas estatales ascendió a 1.000 millones de dólares a través de irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz.
La otra gran causa contra la expresidenta es la conocida como Cuadernos de la corrupción, basada en los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, quien fue funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo. La expresidenta está procesada como presunta jefa de una asociación ilícita. Aun si decide mantenerse alejada de la vida política de Argentina, el frente judicial augura que los focos seguirán puestos en Kirchner en los próximos años.
