El País .- La justicia federal argentina ha reabierto dos causas y ha llamado a juicio oral a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Cámara Federal de Casación Penal, el último tribunal antes de la Corte Suprema, ha resuelto este lunes revocar el sobreseimiento de la expresidenta (2007-2015) en dos casos: uno por presunto lavado de activos y asociación ilícita a través de una inmobiliaria familiar y de la empresa administradora de sus hoteles en la Patagonia, archivada en noviembre de 2021; y otro en el que se la acusa de encubrir a los iraníes acusados de ser los autores ideológicos del atentado contra la mutual israelita en Buenos Aires (AMIA), que dejó 84 muertos en 1994. Un tribunal oral había cerrado esta causa en octubre de 2021 por no hallar un delito.
La vicepresidenta argentina, que afronta la recta final hacia las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre alejada de los focos, volverá a ser juzgada por un tribunal tras ser condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en otra causa de corrupción. En ese caso, al igual que en los que han vuelto a la escena este lunes, le queda la apelación ante la Corte Suprema. Kirchner no ha respondido a la decisión judicial en su contra, pero ha avisado casi al mismo tiempo que este sábado participará de un evento que celebra la reedición de un libro sobre su marido, el expresidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010. El evento ya se antoja similar a todas sus apariciones públicas del último año: con el país expectante sobre qué dirá sobre un asunto de actualidad.
La reapertura a juicio de la causa Hotesur – Los Sauces será el segundo juicio oral y público que enfrente la vicepresidenta tras el caos que desató el primero en la segunda mitad de 2022. El 12 de agosto del año pasado, un fiscal pidió su encarcelamiento y desató semanas de protestas que paralizaron uno de los barrios más ricos de Buenos Aires. Los vecinos de Kirchner habían salido a protestar contra ella, y días después sus seguidores armaron un acampe al que acudieron cientos de personas para respaldarla. Durante dos semanas, hubo protestas callejeras, manifestaciones y enfrentamientos con la policía. Todo terminó la noche de 1 de septiembre, después de que un hombre se infiltrara entre la multitud y gatillara sin éxito una pistola a centímetros de su cabeza. Tres meses después, el tribunal encontró culpable a Kirchner de defraudar al Estado en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, bastión patagónico del kirchnerismo.
En la causa, la vicepresidenta había sido imputada junto a sus hijos Máximo y Florencia por presunto lavado de activos y asociación ilícita a través de la empresa administradora de los hoteles propiedad de los Kirchner en la provincia patagónica de Santa Cruz, Hotesur, y de la inmobiliaria familiar, Los Sauces. El caso se remonta hasta 2014, cuando la Justicia empezó a investigar a la empresa administradora del hotel Alto Calafate, uno lo de los tres que poseen los Kirchner. La sospecha era que empresarios afines contrataron durante años sus habitaciones como forma encubierta de pagar sobornos a la familia a cambio de contratos de infraestructura. Al año siguiente, se sumó la investigación sobre la inmobiliaria familiar, por la que la Justicia acusó a la vicepresidenta de encabezar una asociación ilícita que lavó dinero proveniente de la obra pública.
En el fallo de sobreseimiento dictado el 26 de noviembre de 2021, dos de los tres jueces del tribunal argumentaron que los hechos en los que se basa la acusación de asociación ilícita ya habían sido juzgados en la provincia de Santa Cruz. Otro de los argumentos fue que no hubo lavado de dinero porque, cuando se realizaron los hechos, existía una ley distinta a la actual, que favorece a los imputados. Kirchner y su hijo mayor, diputado y cabeza del peronismo en la provincia de Buenos Aires, volverán a juicio. La Cámara resolvió que no hay elementos para juzgar a su hija menor, Florencia, que tenía 12 años cuando se formó la presunta asociación ilícita.
Kirchner también irá a juicio por una acusación de encubrimiento y traición a la patria. En 2017, un juez la acusó de proteger a los imputados iraníes en la causa AMIA, el atentado terrorista contra la AMIA en 1994. Buscando la prisión preventiva de Kirchner, que entonces era senadora, el juez pidió su desafuero, pero no logró que se tratase en el Senado.
La expresidenta había sido denunciada por un fiscal llamado Alberto Nisman en enero de 2015. Cuatro días después, Nisman fue hallado muerto en su departamento de Buenos Aires en circunstancias que todavía no están claras. El fiscal denunció que el Gobierno de Kirchner firmó un memorándum con Irán en 2013 que preveía una cooperación conjunta en la investigación del atentado. Nisman dijo que el objetivo era encubrir a los imputados a cambio de la firma de convenios comerciales bilaterales. El memorándum nunca entró en vigor porque no fue refrendado por el Parlamento iraní, y los imputados fueron sobreseídos en octubre de 2021.
