EL COMERCIO .- La aprobación del informe no vinculante que recomienda el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, reavivó un viejo tema en la opinión pública: la muerte cruzada. Según el caso, el Primer Mandatario o la Asamblea Nacional pueden utilizarla en cualquier momento. A pesar de esto, los expertos explican que hay requisitos constitucionales y sociales que sustentarían esta decisión.
Para el sociólogo y politólogo Martín Ribadeneira, la muerte cruzada es una estrategia que tendría un impacto negativo en la imagen de Guillermo Lasso. “Es la tercera vez que la oposición busca un mecanismo para removerlo del cargo. Este factor negativo se une a los bajos niveles de popularidad de Lasso, una resaca económica que dejó el paro de junio pasado (2022) y el incremento de violencia a escala nacional. Todo esto es un escenario óptimo para que el uso de la muerte cruzada por parte del Presidente sea interpretado como una medida dictatorial”, señala el académico.
Alexander Barahona, constitucionalista y docente universitario, también opina que el Presidente, por ahora, no tiene una legitimidad social para usar esta opción. Explica que en este momento “legalmente no existen causales para activar la muerte cruzada”.
Según el artículo 148 de la Constitución, el Presidente “podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”.
Para el politólogo, si las marchas que se anuncian para el 8 y el 28 de marzo por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) llegasen a escenarios similares a junio del 2022, estas darían paso a declarar una “conmoción interna” que generarían un Estado de Excepción. En este caso, podrían abrir el camino para declarar la muerte cruzada por parte del Presidente.
La muerte cruzada también era una opción para los asambleístas. El artículo 130 (destitución del Presidente) de la Constitución es una vía para remover a un Jefe de Estado.
Pero a marzo del 2023, el artículo 130 ya no es una opción porque fue activado el 28 de junio del 2022 y no alcanzó los 92 votos necesarios para la destitución del Primer Mandatario. Es por eso que la oposición ha apelado al uso del artículo 129. Este plantea un juicio político que, de ser aprobado por las dos terceras de la Asamblea, podría terminar en la censura y destitución de Lasso.
Activar la opción del artículo 129 es, de cierta manera, una respuesta a los resultados del Referéndum del 5 de febrero del 2023. Al haber ganado el No en todas las preguntas del Ejecutivo, la oposición empezó a presionar al Gobierno con elecciones anticipadas y aplicar la muerte cruzada.
Para la bancada Unión por la Esperanza (UNES), la negativa de los votantes hacia la propuesta de Lasso y el hecho de haber ganado alcaldías de ciudades como Quito y Guayaquil fue una muestra de que el Gobierno perdió su popularidad.
Si la oposición tuviera éxito al aplicar el art. 129, la destitución del presidente Lasso implicaría el regreso del Partido Social Cristiano (PSC) al sillón de Carondelet, a través de Alfredo Borrero.
Para Ribadeneira, esta es una carta compleja en este momento ya que la imagen de Borrero fue opacada en estos dos años de Gobierno, lo cual no garantizaría su popularidad en el poder. De por medio también se encuentra una escala del riesgo país, que dificulta el acceso del Ecuador a financiamiento internacional y aleja a la inversión extranjera.
¿Qué ganaría Guillermo Lasso con la muerte cruzada?
En el caso de que Guillermo Lasso activara el artículo 148, él disolvería la Asamblea Nacional. También se realizaría la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas, con ganadores que deberán completar el actual período (hasta mayo del 2025).
Hasta que el Consejo Nacional Electoral oficialice los resultados de unas votaciones, que pueden bordear los USD 80 millones, el presidente Guillermo Lasso podrá “expedir decretos-leyes de urgencia económica”. Esto le daría una vía libre para implementar su Plan Nacional de Desarrollo sin las interferencias de la oposición en la Asamblea.
A pesar de este beneficio, un problema estaría latente en el gobierno temporal de Guillermo Lasso: las reacciones del movimiento indígena.
Entre las resoluciones tomadas el 24 de febrero del 2023, el consejo ampliado de la Conaie hizo énfasis en que la muerte cruzada activaría nuevamente a sus bases para un paro nacional. Esto podría retrasar nuevamente la aplicación de las políticas públicas que plantea el Primer Mandatario.
Tras conocerse la posición del Legislativo con respecto al informe no vinculante, el Gobierno abrió un frente para desestimar el contenido con el cual se pediría el juicio político. Al respecto, el mismo presidente Guillermo Lasso señaló en Twitter que “El informe aprobado por la Asamblea Nacional carece de sustento lógico, probatorio y jurídico”.
Igualmente, Henry Cucalón, ministro de Gobierno, calificó al informe como un “mamotreto”. Añadió que este documento es “dantesco desde lo jurídico y aberrante desde lo político”.
