El 23 de agosto del 2012, representantes de nueve empresas mineras se reunieron con el presidente Rafael Correa y diez de sus ministros para exponer sus preocupaciones y requerimientos más importantes “de modificación normativa que generarían sin duda un cambio drástico en la consolidación del país como un destino minero atractivo para la inversión extranjera”.
Lo cuenta Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería, en un artículo en el sitio web del gremio titulado Minería a gran escala en Ecuador: la espera desespera. Parte de esas inquietudes, señala, fueron fijar el techo del 8% a las regalías por venta de minerales y la prórroga para el pago de ingresos extraordinarios por parte de las empresas hasta cuando hayan recuperado su inversión financiera.
“El presidente nos dijo: ‘Sus propuestas y razonamientos son lógicos. No lo hago por ustedes sino por el desarrollo del país. No es que se quiere beneficiar al sector minero sino que se está permitiendo que el sector minero se desarrolle para tener una posibilidad de crecimiento económico y bienestar para la población’”, asegura Yépez.
Nueve meses después de ese encuentro, parte de esos planteamientos fueron plasmados en el proyecto de reforma a la Ley de Minería, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, que desde la semana pasada centra el debate de la Asamblea. La Comisión de Régimen Económico y Tributario dejó la noche del jueves último listo el informe de segundo debate y lo envió a la Secretaría para que sea tratado en el pleno mañana o el martes.
El proyecto de ley no estaba entre las prioridades legislativas definidas entre el Gobierno y sus cien asambleístas. Pero dos días después de instalada la nueva Asamblea, el 16 de mayo, el presidente lo envió con el carácter de “urgencia económica”.
Esto implica un plazo de 30 días para aprobar, modificar o negar una reforma, según el artículo 140 de la Constitución.
El Legislativo tiene hasta esta semana para aprobarlo. En caso de no haber un pronunciamiento, la reforma entrará en vigencia por el ministerio de la ley.
Con 32 artículos, siete disposiciones generales, cuatro transitorias y una final se pretende, entre otras justificaciones: “promover la actividad minera, toda vez que esta es generadora de fuentes de trabajo especialmente en zonas afectadas por la pobreza, vulnerados en lo ambiental y social, para garantizar su desarrollo sobre la base de incentivos y mecanismos de control adecuados”, según motivos expuestos por el presidente.
Para asambleístas de PAIS, con la reforma se están dejando las reglas claras para que la inversión minera llegue al país. Pero para activistas, expertos en legislación ambiental y opositores, responde al interés de expandir la industria minera a gran escala e incrementar los fondos fiscales, a merced de simplificar las regulaciones.
Ello luego de que, el 5 de marzo del 2012, el Gobierno firmó con el consorcio chino Ecuacorriente S.A. el primer contrato de explotación minera, que significó la apertura de la minería a gran escala en Ecuador.
El plan incluye la formación de un cráter para extraer concentrado de cobre en la parroquia Tundayme del cantón El Pangui, Zamora Chinchipe. En 25 años, el proyecto Mirador prevé dejar ingresos por $ 2.700 millones en valor real actual.
La organización Acción Ecológica ha puesto foco sobre cinco proyectos a gran escala, catalogados de prioridad por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades): Mirador y Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe; San Carlos de Panantza, en Morona Santiago; y Quimsacocha y Río Blanco, ambos en Azuay. Los cinco tienen previsto explotar cobre y oro.
El proyecto Fruta del Norte se convertiría en el segundo contrato importante de explotación (representaría más de $ 10 mil millones en ingresos al costo actual del oro). Todo depende de que la compañía Kinross, de capital canadiense, llegue a un acuerdo con el Gobierno hasta el 1 de agosto, cuando termina su permiso para la exploración.
