El Universo .- El exvicepresidente Jorge Glas se encuentra fuera de la cárcel cumpliendo medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país.
Casos en los que se resolvieron medidas cautelares que permitieron la salida de la cárcel de Jorge Glas, exvicepresidente de la República condenado por actos de corrupción; de Luis Arboleda, alias Gordo Lucho, líder de la organización criminal Los Lobos; de Jairo Zambrano, sentenciado por narcotráfico, son, entre otros, los seleccionados por la Corte Constitucional (CC) para analizar si existió o no abuso de esta garantía para liberar a privados de la libertad que estaban en un centro cumpliendo una pena.
El más alto organismo de interpretación constitucional pretende dejar precedentes en esta temática para así a futuro evitar abusos relacionados con esta garantía respaldada por la Constitución. Se informó que se han escogido estas causas no solo por su relevancia y trascendencia nacional, sino también porque en ciertos casos se habría advertido que quien actuó para conceder las medidas cautelares pertenecía a una jurisdicción distinta a la que se encontraba guardando prisión el condenado.
En el caso del líder del correísmo Jorge Glas, la CC seleccionó la medida cautelar autónoma que le permitió al exvicepresidente, el 28 de noviembre pasado, dejar la denominada Cárcel 4, ubicada en Quito, y pasó a mantener una “libertad provisional” presentándose periódicamente una vez por semana ante una autoridad judicial en Guayaquil y teniendo la prohibición de salida del país.
Las medidas cautelares autónomas fueron concedidas a Glas por el juez de Santo Domingo de los Tsáchilas Emerson Curipallo por pedido de Estalin Palacios Zambrano, un abogado en libre ejercicio que pasó hoy a ser uno de los defensores de quien fue el hombre fuerte de los Sectores Estratégicos del gobierno de Rafael Correa.
Según Curipallo, al conceder la medida cautelar solicitada se estaba precautelando en libertad los derechos de Jorge Glas, pues, explicó el juez, la demora que existió en el trámite realizado por la defensa de Jorge Glas ante otro juzgador para obtener beneficios penitenciarios podría lesionar sus derechos a la seguridad jurídica y el debido proceso.
El juez de Santo Domingo de los Tsáchilas decidió acoger las medidas cautelares, pese a que él no pertenecía a la jurisdicción en la que guardaba prisión Glas, es decir, Quito, y a pesar de que el exbinomio de Rafael Correa mantiene dos sentencias en firme por delitos de asociación ilícita, por un caso relacionado con la trama de corrupción de Odebrecht, y cohecho pasivo agravado, dentro del conocido como caso Sobornos 2012-2016.
Si se sigue la línea en la que ha decidido la CC en otros casos, la institución no solo podría definir si existieron o no abusos en la garantía de medida cautelar, sino también podría emitir una decisión que afecte el fondo de los casos en los que se otorgó una boleta de excarcelación, teniendo el condenado una pena de prisión por cumplir.
Otro de los casos seleccionados tienen que ver con la decisión de aceptar medidas cautelares tomada por el juez Byron Orejuela Giler, de la Unidad Multicompetente del cantón Flavio Alfaro (Manabí). Él no solo ordenó la liberación de alias Gordo Lucho, uno de los cabecillas de la banda delictiva Los Lobos, sino también extendió este beneficio al condenado por el delito de narcotráfico Jairo Zambrano.
El juez Orejuela argumentó que dentro del proceso penal seguido en contra de ambos individuos existen vulneraciones al debido proceso que terminan violentando los derechos a la libertad, la integridad física, salud y vida.
Respecto al dictamen el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) consideró que el juez Orejuela desnaturaliza las medidas cautelares constitucionales y contraviene normativa expresa “(…) Se está utilizando, una vez más, la justicia constitucional de manera indebida”, señaló el SNAI en su momento.
Además, entrará a un control constitucional la resolución definida por un juez de Montecristi, provincia de Manabí, quien habría emitió boletas de excarcelación para diez sentenciados por diferentes delitos, entre los que estaría uno por asesinato.
