El País .- El presidente Lula anuncia un plan de 200 millones de dólares para darles asistencia social, aunque solo se prevé la construcción de 150 viviendas
El paisaje en los centros de las grandes ciudades brasileñas es bastante elocuente: cientos de personas refugiadas bajo los soportales, viaductos o puentes, auténticos campamentos de plástico y cartón en las plazas más céntricas y en algunos casos, bolsas extremas de miseria y drogodependencia, como la célebre Cracolandia de São Paulo, un puñado de calles dominadas por los consumidores de crack. El problema de las personas sin hogar no es nuevo y salta a la vista, pero los datos muestran que se agravó enormemente en los últimos años. El número de sin techo se multiplicó por diez en una década, pasando de casi 22.000 en 2013 a más de 227.000 este año. Los datos son del Ipea, un órgano de investigación económica del Gobierno. Para afrontar esta problemática, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva presentó el lunes un plan dotado con 982 millones de reales (200 millones de dólares) llamado Calles visibles. Sus objetivos centrales están más dedicados dar asistencia que a reinsertarlos en la sociedad o frenar el aumento.
La mitad del presupuesto anunciado por el presidente Lula estará dedicado a alimentación, reforzando la dotación a Estados y municipios, quienes administran albergues y comedores. Además, se formará a 5.000 profesionales de la salud para trabajar en la calle y se creará una política de salud exclusiva para los sin techo.
Casi la mitad (47,3%) de los brasileños sin hogar que viven en la calle explican su situación por problemas familiares o con sus compañeros sentimentales. El desempleo (40,5%), la adicción al alcohol y las drogas (30,4%) y la pérdida de la vivienda (26,1%) siguen en la lista de motivos. La edad media es de 41 años, la mayoría son hombres, y el estudio también evidencia que, como casi siempre, las diferencias raciales van de la mano de la desigualdad: el 69% de los sin techo en Brasil son negros, diez puntos por encima de su peso demográfico. Los autores del estudio concluyen que la explosión de gente que vive en las calles se explica por el estancamiento económico —Brasil lleva casi una década sin crecer con fuerza— y por los efectos de la pandemia del covid-19.
Ipea advierte de que los datos que cifran este colectivo en 227.000 personas no pueden leerse como un censo oficial porque muchos de los afectados ocultan a las instituciones que viven en la calle: por la vergüenza del estigma social o en el caso de las mujeres, por ejemplo, por miedo a perder la custodia de los hijos.
Una parte importante de los recursos irá para campañas contra la aporofobia (la discriminación de las personas sin hogar), la creación de puntos de apoyo como baños o lavanderías, casas de acogida para la población LGTBQIA+, cursos de alfabetización y programas para la regularización de documentos. También se prohíbe la llamada arquitectura hostil: el uso de materiales o estructuras destinados a evitar que los sin techo duerman en un determinado lugar.
La política de vivienda, que a priori pareciera ser central para abordar el problema, es, de los siete ejes con los que cuenta el plan, el quinto con menor presupuesto. Son 3,7 millones de reales (750.000 dólares), con los que se pretende incluir a los sin techo en los programas sociales de vivienda pública y construir 150 viviendas en todo Brasil, “con prioridad para familias con niños y mujeres embarazadas”. El apartado destinado a cursos de capacitación, impulso de cooperativas y asociaciones e inserción en el mercado de trabajo tiene una dotación aún menor, de 1,2 millones de reales (243.000 dólares).
La explosión del número de personas viviendo en la calle coincide con un momento en que grandes ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte o Recife, están ejecutando planes urbanísticos para atraer residentes a los barrios más céntricos, en general abandonados y con muy pocos vecinos. Se dan millonarios incentivos y exención de impuestos a las constructoras para que se animen a rehabilitar los históricos edificios casi en ruinas y convertirlos en residenciales y para levantar vivienda nueva en los numerosos solares.
En general, en estos planes, la creación de vivienda pública para las rentas más bajas brilla por su ausencia, aún más si es para ceder un espacio temporal para los que mendigan en esos mismos centros degradados. Unificar las intenciones del Gobierno federal y la de Estados y municipios es otro de los principales desafíos. La anterior política nacional para los sin techo estaba en vigor desde 2009, pero en los últimos años tan sólo la aplicaron cinco Estados y 15 ciudades.
El nuevo programa ideado en los despachos de Brasilia por el Ministerio de Derechos Humanos tiene un fuerte carácter asistencialista que puede no casar del todo con los anhelos de las autoridades municipales. En Río, el alcalde Eduardo Paes, aliado de Lula, generó una polémica hace semanas al proponer un mecanismo que permita que personas drogodependientes que se niegan a ir a albergues puedan ser retiradas de la calle a la fuerza para recibir tratamiento. En julio de este año, el Tribunal Supremo aceptó un recurso de partidos y movimientos sociales de izquierdas y prohibió la retirada y transporte forzado de personas sin hogar, así como la confiscación de sus bienes.
