Con un video de once minutos en el que expuso los planes de su gobierno en materia de seguridad, el presidente de la República, Guillermo Lasso, invitó el martes a votar «sí» en la consulta popular del próximo 5 de febrero, que coincidirá con las elecciones seccionales.
El jefe de Estado inició su discurso señalando que la consulta popular «es una herramienta para derrotar al principal enemigo de todos: la narcodelincuencia y el crimen organizado«.
«¿Quién podría oponerse a la extradición de delincuentes que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado trasnacional?», cuestionó.
«¿Quién podría oponerse a fortalecer la autonomía e independencia de la Fiscalía?», continuó.
El mandatario afirmó que quienes se oponen al plebiscito «son aquellos que instauraron la narcopolítica como forma de vida, aquellos que se alimentan de la corrupción, los narcodelicuentes, los cabecillas de bandas delictivas y sus aliados del crimen organizado».
Destacó que durante su gobierno se han realizado más de dos millones de operativos en todo el país, se han incorporado 1.564 nuevos policías y se están preparando 8.500 aspirantes a policías.
Dijo además que espera que hasta al 2025, cuando culmine su Administración, se hayan sumado 20.000 uniformados más a los casi 53.000 que existen actualmente.
Y aseguró que se han destinado 110 millones de dólares para la construcción de seis Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC) y 100 Unidades de Policía Comunitaria (UPC). Asimismo, resaltó que se han designado otros USD 35 millones para chalecos, cintos y equipos básicos; y 28 millones más para la dotación de uniformes.
Crímenes incesantes
Para Lasso, la consulta popular «es la oportunidad de tener un Ecuador más seguro».
Y es que el plebiscito se convertiría en otra apuesta de su gobierno para brindar a los ciudadanos algo que hasta ahora no ha podido: seguridad.
Uno de los recursos más utilizados durante su mandato para tratar de contener la ola de crímenes ha sido decretar estados de excepción, que han incluido toques de queda.
La mayoría de estas medidas han estado ligadas a sucesos violentos, tanto en las calles como en las cárceles, que conmocionaron a la ciudadanía.
El más reciente estado de excepción rige desde el 1 de noviembre en Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas.
La disposición, que supone mayor presencia policial y militar en las calles y que también incluye un toque de queda, tampoco parece frenar los crímenes y además limita la actividad comercial.
Solo entre el viernes 2 y el domingo 4 de diciembre al menos 17 personas fueron asesinadas en Guayaquil, el cantón más violento del país.
El mandatario reconoció este martes que Ecuador no puede vivir «en constantes estados de excepción».
Fuente: Ecuavisa