La consulta popular, planteada por el presidente Daniel Noboa, incluiría la posibilidad de fiscalizar a los jueces de la Corte Constitucional (CC), a través de la Asamblea Nacional.
Actualmente, los magistrados no están sujetos a controles políticos, a fin de garantizar, supuestamente, su independencia.
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Para el legislador de ADN, Andrés Castillo, este aspecto tiene que cambiar.
Solo interpretación en ciertos casos
En diálogo con “Punto de Orden”, el asambleísta recordó que en muchas democracias del mundo, sin importar su tendencia, existen controles para los jueces constitucionales.
Castillo aclaró que dicha fiscalización no se da en función de sus fallos, sino de acuerdo a su actuación.
El legislador recordó que, de acuerdo a la ley, la CC solo debe interpretar la Constitución en caso de vacíos o de aspectos oscuros. Sin embargo, la realidad muestra que manejan sus fallos de acuerdo a su particular conveniencia e intereses ideológicos.
Como ejemplo citó el caso del matrimonio homosexual, que fue aprobado a pesar que la Carta Política, de forma muy clara, establecía que era la unión entre un hombre y una mujer, libres de vínculos conyugales.
Lo peor, anotó el asambleísta, es que el entonces juez Ramiro Ávila, quien fue activista y abogado de los colectivos GLBTI, y que como tal cobró honorarios, cabildeó a favor de la reforma, cuando su deber era excusarse.
Ávila, apuntó Castillo, hizo lo que le dio la gana, y rompió los principios universales de imparcialidad.
Otro caso
También citó la tibia actuación de la CC, en el caso de Leonidas Iza, Paola Pabón y demás promotores del levantamiento del 2019, que incendió Quito y otros puntos del país.
Pese a la gravedad de sus actos, la Asamblea de entonces les concedió amnistía, con los votos del correísmo.
Castillo dijo que presentó ese mismo año un pedido, para que se declare la inconstitucionalidad de la amnistía. Y hoy, 6 años después, ni siquiera se ha convocado a una audiencia.
Esta forma de actuar, fallando incluso en contra de norma expresa, ratifica la necesidad de aplicar controles políticos a la CC.
