La causa por supuesto cohecho en la contratación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair entra en una etapa decisiva. El 8 de diciembre de 2025, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Olavo Hernández, comunicará si el expresidente Lenín Moreno y otros 23 procesados son llamados o no a juicio, luego de que la audiencia preparatoria quedará suspendida casi tres meses atrás, mientras el magistrado analizaba lo expuesto durante varias semanas de diligencias.
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La Fiscalía busca que Lenín Moreno y 23 acusados enfrenten un juicio por cohecho
En la fase de evaluación, el entonces fiscal general encargado, Wilson Toainga, pidió que el conjuez llame a juicio a todos los procesados. La investigación se centra en un presunto esquema de corrupción vinculado al contrato otorgado a la empresa china Sinohydro, responsable de levantar la central Coca Codo Sinclair, una obra ejecutada en el gobierno de Rafael Correa por cerca de 2 000 millones de dólares.
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La Fiscalía presentó 28 elementos de convicción comunes y 602 individuales para sustentar su pedido. Con la renuncia de Toainga, será el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón quien participe en la lectura de la resolución.
El 4% del contrato habría beneficiado a la red que implica a Moreno
La Fiscalía sostiene que funcionarios y empresarios habrían acordado favorecer a Sinohydro a cambio de beneficios económicos.
Según los elementos expuestos, Conto P., María P. y Javier M. recibieron, a través de sus empresas —principalmente Recorsa—, el 4% del valor del contrato, monto que supera los 76,1 millones de dólares y que movieron hacia cuentas en Panamá.
Parte de esos recursos, afirma la institución, habría terminado en manos del núcleo familiar de Patiño, de allegados de Moreno y de funcionarios relacionados con la contratista.
Lenín Moreno aduce : «Es un montaje’ y una revancha política»
Desde Asunción, Paraguay, donde reside con su esposa, Moreno ha defendido su versión mediante un comunicado público. Calificó la acusación como una “farsa”, un montaje basado en antiguas relaciones familiares con contratistas de Sinohydro.
Recordó que la obra se contrató, financió y ejecutó durante el gobierno de Rafael Correa, y que la dirección del proyecto estuvo a cargo de Jorge Glas, entonces responsable de los sectores estratégicos.
Moreno afirmó que se trata de una persecución del correísmo.
