La Ley de Integridad Pública ya está en vigor.
La propuesta, enviada por el presidente Daniel Noboa con el carácter de urgencia económica, fue publicada en el Registro Oficial, con lo cual se convierte en normativa.
- LEER TAMBIÉN: Asamblea Nacional aprobó nueva Ley de Integridad Pública
La ley fue aprobada el martes pasado por la Asamblea Nacional, con 84 votos a favor.
Los cambios
El proyecto reforma varios cuerpos legales, como el Código Integral Penal (COIP), el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley de Servicio Público, el Código General de Procesos, la Ley de la Contraloría, el Código de la Economía Social y Conocimientos, la Ley de Empresas Públicas, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, el Código Orgánico Administrativo, el Código Monetario y Financiero, la Ley de la Función Judicial, la Ley de la Función Legislativa, la Ley de Movilidad Humana, el Registro Único de Proveedores, la Ley de Economía Popular y Solidaria, la Ley de Creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Su objetivo reforzar la lucha contra la corrupción, mejorar la eficiencia del aparato estatal y enfrentar la violencia. Además, declara en emergencia a la Función Judicial.
Gracias a las reformas, el Consejo de la Judicatura (CJ) podrá establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial, donde no se generará estabilidad a los servidores judiciales; reasignar y requerir recursos presupuestarios para atender la emergencia; realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales; y realizar las contrataciones por emergencia que se requieran.
La resolución de declaratoria de emergencia deberá estar motivada, con un plazo determinado de duración.
Trato a menores
Gracias a los cambios en el Código de la Niñez y Adolescencia, los menores que comentan delitos, castigados con más de 10 años de prisión, podrán ser juzgados como adultos.
El menor infractor no será llevado a un centro de rehabilitación común, sino que permanecerá en una sección especial del mismo centro de adolescentes infractores.

