La circulación de la llamada lista de infieles volvió a poner sobre la mesa las consecuencias legales de difundir datos personales o acusaciones en redes sociales y plataformas digitales. Abogados penalistas advierten que este tipo de contenido puede derivar en delitos penales, infracciones administrativas y demandas civiles, dependiendo de la información compartida y del alcance de su difusión.
El abogado penalista José Cárdenas explica que se configura violación de la intimidad artículo 178 del COIP cuando la lista incluye datos personales, como número de cédula, teléfono, dirección, fotografías o información privada.
Si además se difunden chats, mensajes o contenido íntimo, la conducta puede adecuarse al artículo 179, que sanciona la divulgación de comunicaciones personales. Estas infracciones pueden implicar penas de uno a tres años de prisión.
El abogado Carlos Erazo recuerda que el artículo 66, numeral 19, de la Constitución del Ecuador prohíbe la difusión de datos personales sin autorización del titular, sin importar el formato: documentos digitalizados, videos, publicaciones en TikTok, archivos colaborativos o listas anónimas en Google Sheets.
Si una persona es identificada por su nombre, fotografía, ocupación o cualquier información íntima, ya se produce una vulneración del derecho a la protección de datos.
La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece sanciones para quienes no garantizan la confidencialidad o difunden datos sin permiso.
Los artículos 68, 70 y 76 detallan obligaciones sobre almacenamiento, manejo y difusión de información. La Superintendencia de Protección de Datos puede auditar, investigar y sancionar incluso archivos editados de forma anónima.
Cárdenas indica que la Fiscalía está facultada para iniciar investigaciones cuando la lista incluye acusaciones acompañadas de información personal o contenido íntimo.
Aunque este tipo de listas suele circular en redes, la atención mediática y el impacto del caso pueden motivar que se activen procesos que normalmente pasan desapercibidos.
Además de lo penal y administrativo, la víctima puede iniciar una demanda civil por daño moral, especialmente si la difusión le provocó pérdida de contratos, afectaciones económicas o perjuicios reputacionales.
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