Esperan el pronunciamiento de la sala penal respecto a la acción de protección con medidas cautelares que presentó un legislador el día de la interpelación.
Los cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) destituidos y censurados por la Asamblea Nacional, la noche del 18 de noviembre, esperan reunirse para conformar un frente común para impugnar esa decisión tomada por 85 asambleístas. Todos concuerdan en que el proceso es nulo, tiene vulneración de derechos humanos, violación del debido proceso y es discriminatorio.
La vicepresidenta del CPCCS destituida, María Fernanda Rivadeneira, afirmó que los cuatro consejeros actuarán como un solo grupo para defenderse de la resolución tomada por el Legislativo, y advirtió que irán hasta las instancias internacionales para defender sus derechos que fueron vulnerados en el proceso de interpelación, pues existen precedentes, agregó.
Rivadeneira recordó que también camina una acción de protección con medidas cautelares presentada por un asambleísta que busca anular todo lo actuado en el marco del juicio político. Esta acción de protección fue presentada por el legislador Washington Varela (BAN), y el trámite recayó en el Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, conformado por los jueces Stalín Palacios Ortiz, Ignacio Carrasco Cruz y Adrian Bonilla Morales.
La destituida aclaró que los consejeros cuando acudieron al pleno de la Asamblea no amenazaron a ningún legislador, sino que dijeron lo que puede pasar frente a una resolución que viola derechos y el debido proceso, sobre lo cual ya existe jurisprudencia.
Rivadeneira señaló que hasta el mediodía del sábado no fueron notificados de ninguna resolución parlamentaria, y reiteró que la intención del correísmo y del PSC es tomarse el CPCCS, pues el consejero David Rosero ya anunció que será el nuevo presidente, mientras que la consejera Sofía Almeida también ha señalado ante los medios que hay que cambiar el concurso de selección del nuevo contralor del Estado.
La consejera censurada recordó que el CPCCS no puede mover ni revisar ningún concurso, porque, bajo la teoría que usaron dos legisladores de Pachakutik y apoyados por UNES y PSC, una vez iniciado el concurso no se pueden modificar reglamentos ni revisar la integración de las comisiones ciudadanas de selección; de lo contrario, podrían ser objeto también de un proceso de interpelación.
