Expertos discrepan de si en Ecuador se debe actuar de la manera en la que El Salvador aplica acciones contra la violencia de pandillas.
El nuevo decreto de estado de excepción por grave conmoción interna en Guayas y Esmeraldas tras los atentados criminales del martes no es una medida que solucione problemas de fondo, consideran especialistas.
Dentro de este gobierno van seis estados de excepción, y las muertes violentas en estas dos provincias no han logrado detenerse de manera significativa.
Carolina Andrade, analista en temas de seguridad e inteligencia, es pesimista en cuanto a resultados efectivos, pues sostuvo que hay una fuerza pública que está en la “indefensión”, debido a que no se han fortalecido sus capacidades mínimas y a que algunos agentes no tienen equipamiento básico.
Según Hugo Espín, analista de seguridad, se declaran estados de excepción, pero son once años en los cuales la Policía no ha recibido uniformes; desde 2016 no se ha hecho una planificación estructurada para la renovación del parque automotor y que sea de características para sus actividades.
Tampoco, agregó Andrade, el Estado ha buscado construir una estrategia integral de su presencia —a mediano y largo plazo—, de recuperación o control de territorios donde hay alto nivel de violencia y de criminalidad, de vulnerabilidad socioeconómica.
Esas acciones, añadió, tienen que ir acompañadas de operaciones de Policía y Fuerzas Armadas.
Para la especialista, otro tema de fondo es que no hay control estatal en las cárceles por las continuas masacres, por el ingreso o el intento de ingreso de armamento, por fiestas.
“La solución primero es que tiene que haber una respuesta integral (…). Estados de excepción no solucionan nada por sí solos; solo son una herramienta (…). Para eso se necesita inversión en el ámbito social, para trabajar programas de prevención; y, de manera paralela, inversión inmediata en capacidades especiales para que Policía y Fuerzas Armadas puedan cumplir su misión”, dijo Andrade.
Acotó que ambas entidades de seguridad y el Gobierno —en general— responden a lo que pasa, no previenen.
La alcaldesa Cynthia Viteri, el miércoles, cuestionó los resultados de los estados de excepción. “En su gestión (del Gobierno) y con seis estados de excepción se dispararon las muertes violentas. Los estados de excepción decretados son solo medidas analgésicas”, criticó.
Como en otras ocasiones, Viteri puso de referencia a El Salvador. “Hay países, como El Salvador, que pasaron por situaciones similares, adoptaron un modelo concreto, lo aplicaron con severidad y atrás dejaron, como así debe ser, las voces que defienden los derechos humanos de quienes no tuvieron compasión con la vida de otras personas. El Salvador lleva más de 100 días sin muertes violentas (…). Necesitamos tomar el control del país”, refirió.
Acerca de cómo ha actuado el Gobierno de El Salvador contra las pandillas, Andrade dijo que ha sido un régimen autoritario, que no ha respetado derechos, que se habla de temas de tortura, e incluso de personas que tenían penas privativas de libertad no vinculadas a acciones criminales que fueron parte de restricción de derechos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se refirió al estado de excepción como una herramienta, e indicó que esta debe ser usada como estrategia contra los terroristas, o “no sirve de nada”.
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A criterio de Espín, si es que no se tiene el objetivo claro de desarticulación de lo que llamó “macroestructuras delictivas”, el estado de excepción será uno más de aquellos que no han tenido un resultado ni siquiera visible o beneficioso en algo.
Para esa desarticulación debe atacarse cualquiera de los tres ejes en los que operan: logístico, financiero y operativo, señaló Espín.
“Si evito que lleguen a estas estructuras las armas, las municiones, los explosivos, y se quedan sin el abastecimiento, se van a ver debilitadas. (Lo mismo) si no se permite que tengan el flujo de recursos que tienen en este momento, que llegue dinero de lavado de activos, del narcotráfico, de forma directa, y que va contaminando a la sociedad”, acotó.
También, a criterio de Espín, se debe trabajar de forma conjunta no solo en la persecución, sino en neutralizar las líneas de abastecimiento.
Además, que la Policía tenga presencia activa y disuasiva en los centros de educación.
Para José Luis Castillo, docente universitario en materias de seguridad y defensa y general retirado de Fuerzas Armadas, los objetivos de los carteles de la droga son dar demostraciones de fuerza, amedrentar a la Policía y sus rivales, y poner en jaque al Estado ante los decomisos realizados y la presión de las fuerzas de seguridad, en Esmeraldas especialmente.
Fuerzas Armadas debe desplegar su contingente e ir con todos sus medios disponibles hacia Esmeraldas y Guayaquil, ejecutar allanamientos barrio por barrio y casa por casa, conjuntamente con la Policía, buscando y deteniendo a delincuentes, decomisando armas y drogas, al estilo de lo que se aplica en El Salvador, consideró.
“Reforzar las fronteras con todos los militares disponibles para bloquear los corredores de movilidad de los narcos, operando en las noches y 24 horas hasta asfixiarles logísticamente”, acotó Castillo.
A juicio del exmilitar, también se debe abrir una oficina de la DEA en Ecuador, crear un bloque de búsqueda para los cabecillas y conformar una fuerza de tarea financiera para bloquear sus finanzas.
“Si el Estado no reacciona de una manera furibunda, comenzarán los atentados contra políticos, comunicadores, periodistas, jueces y, lo peor, contra los ciudadanos. Los narcos le están declarando la guerra al Estado, y la puede perder si sigue actuando con el temor de siempre”, opinó Castillo.
Fuente: El Universo
