El País .- Las principales centrales obreras del país convocan una concentración que acaba con al menos seis detenidos. El ultraderechista afirma que hará un plebiscito si la medida es rechazada por el Congreso
Miles de personas convocadas por sindicatos y diferentes organizaciones han protestado este miércoles en el centro de Buenos Aires contra un decreto de necesidad y urgencia impuesto por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei para desmantelar el Estado argentino. La marcha ha aunado a las principales centrales obreras del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), que calcula una asistencia de 20.000 personas, y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), además de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos ante la sede del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de Argentina. La concentración se ha realizado en medio de un gran despliegue de fuerzas de seguridad y ha transcurrido sin incidentes hasta la desconcentración, al mediodía, cuando la tensión entre los manifestantes y la policía ha crecido.
Los diferentes sectores concentrados durante la mañana han apelado a la “unidad de los trabajadores” para frenar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial hace una semana. El texto impone de una sola vez más de 300 reformas que, entre otras cosas, derogan leyes, eliminan decenas de regulaciones estatales, habilitan la privatización de empresas públicas, abren la puerta a las operaciones en dólares y dan el puntapié para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. La decisión está siendo cuestionada desde el Congreso, la Justicia y en las calles por quienes la consideran “inconstitucional”.
“El DNU destroza nuestros derechos y lo hace, además, de forma antidemocrática”, ha señalado Juan Vita, integrante de la CTA, durante la concentración este miércoles. “Si este Gobierno, que fue elegido democráticamente, piensa que es necesario [el decreto], que lo lleve al Congreso”, ha demandado. El sindicalista ha explicado que esta manifestación es parte de “un plan en crecimiento”: “Iremos viendo en cada momento cómo seguir. No descartamos otras medidas”.
Alrededor se alzaban más consignas que criticaban la forma y el fondo del decreto. “Sin derechos no hay democracia”, se leía en los carteles que alzaban los sindicatos. Los partidos y movimientos de izquierda, en otro sector de la plaza, pedían el fin del “plan motosierra” y acabar con “la represión a los que luchan”. Un grupo se trasladaba, cuando aún era posible moverse entre la masa, con la imagen de una virgen de Luján, patrona de Argentina, en los hombros. El movimiento feminista criticaba en redes sociales que el decreto es “una clara muestra de autoritarismo” y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaba que el paquete de modificaciones “viola la división de poderes”.
Los decretos de necesidad y urgencia son mecanismos excepcionales que permiten al Ejecutivo dictar o modificar leyes para hacer frente a algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. El Gobierno se ha amparado en que la situación del país –con altos niveles de inflación y pobreza– es “muy complicada” y amerita esa medida, que es inédita en el país por su magnitud. Sin embargo, muchos sectores consideran que el presidente se arroga facultades legislativas al imponer centenares de reformas sin un debate en el Congreso y cuestionan la “necesidad y urgencia” de algunos puntos del paquete.
El paquete de modificaciones entrará en vigor este viernes y el Congreso podrá rechazarlo con el voto mayoritario en cada una de las Cámaras. Pero si solo una de ellas lo aprueba, el decreto será válido; si no es tratado por alguna también. Mientras esto ocurre, otra vía para frenarlo es la judicial: ya se han interpuesto más de una decena de amparos, según la agencia de noticias Télam, y la CGT también presentó una medida cautelar contra el megadecreto que fue rechazada este miércoles por la Justicia, según informan medios nacionales.
La CGT ha reclamado este miércoles a la Justicia “que cumpla con la función de controlador del Poder Ejecutivo” y ha interpelado a Milei en un comunicado: “No se confunda, señor presidente. No somos la casta, somos los trabajadores”. En paralelo a la estrategia judicial, los sindicatos también han mantenido reuniones con diputados y senadores de la oposición para ampliar las posiciones contra el decreto en las Cámaras. Las organizaciones están “midiendo el termómetro”, según han señalado, y definiendo sus estrategias con prudencia.
Ni la CGT ni la CTA han anunciado aún un paro general, una medida que está sobre la mesa y que exigen las organizaciones de izquierda. Para Guillermo Kane, legislador y dirigente del Partido Obrero, es “una mala señal” que las centrales sindicales no hayan convocado a una huelga de 24 horas. “Esta marcha es casi simbólica. Sin masividad ni calles cortadas. Necesitamos una acción de fondo”, ha exigido Kane. “La CGT, que no ha hecho un paro en cuatro años, no viene jugando un rol de defensa activa de los trabajadores”, ha señalado el legislador y ha demandado un “plan de lucha” acorde a la “gravedad” del decreto.
Tensión en las calles
Las primeras reacciones contra el DNU sonaron desde los balcones tras la lectura que hizo Milei de algunas de las medidas en cadena nacional hace una semana. Vecinos indignados expresaron su rechazo haciendo sonar cacerolas en diferentes puntos del país y cientos de ellos marcharon hasta las puertas del Congreso, en Buenos Aires, para defender derechos conquistados durante décadas. Tras el receso de Navidad, se reanudaron las manifestaciones de repudio. Este martes, solo en la ciudad de Buenos Aires, hubo dos concentraciones frente al Congreso donde se oyeron consignas como “¡Arriba los derechos, abajo el decretazo!”.
Desde el Ejecutivo, sugieren que el objetivo de las movilizaciones es “desestabilizar” el Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estrenó la semana pasada un protocolo para prohibir que las manifestaciones bloqueen calles y rutas, una de las formas más comunes de protesta en Argentina, y este miércoles volvió a desplegar un fuerte operativo para controlar los alrededores de Plaza Lavalle. La concentración ha transcurrido sin incidentes hasta el mediodía, pero en la desconcentración algunos manifestantes han intentado cortar calles y la tensión ha crecido cuando un número de policías muy superior al de manifestantes ha avanzado para liberar el tránsito. Ha habido corridas, golpes, un policía herido y al menos seis detenidos, según han mostrado las cámaras de televisión. Bullrich mantiene su amenaza: “El que las hace las paga”.
La máxima de la ministra de Seguridad es secundada por otra de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que repite: “El que corta no cobra”. La titular de esa cartera, que reúne las competencias de los antiguos ministerios de Educación, Desarrollo Social y Trabajo, se refiere así a las consecuencias que podrían tener los beneficiarios de ayudas estatales que bloqueen las calles. Los detractores del DNU esgrimen sus razones para protestar: al decreto que desguaza al Estado y a las directrices dadas por Bullrich y Pettovello para controlar las protestas, se suma un fuerte ajuste, comunicado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que devaluó la moneda un 50% y anunció la eliminación de subsidios al transporte y la energía a partir de enero.
“Venimos de una situación compleja y no se puede hacer el ajuste sobre el pueblo”, ha criticado Dina Sánchez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La sindicalista ha señalado que en los barrios populares “hay mucha desilusión” porque el ajuste del Gobierno “fue brutal” para los sectores más vulnerados. “No hubo ajuste para los empresarios o para el Poder Judicial”, ha indicado. La sindicalista asegura que el objetivo de la protesta de este miércoles no es desestabilizar al Gobierno sino frenar un DNU que considera “nefasto” y arrebata “derechos conquistados” por la ciudadanía. “La situación amerita una unidad de todos los sectores”, ha defendido.
Un posible plebiscito
Milei avisó la noche anterior a la marcha de que no cederá y mantuvo su desafío al Congreso. Si el decreto es rechazado, el presidente ultraderechista aseguró que llamará a un plebiscito. “Obviamente”, enfatizó el mandatario en una entrevista televisiva emitida en la víspera. “¿Por qué el Congreso se opone a algo que le hace bien a la gente? Que me lo expliquen”, dijo y después acusó a “algunos” legisladores que “buscan coimas [sobornos]”. “Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta”, acusó Milei, que fue legislador antes de ser electo presidente.
Aunque Milei obtuvo el 56% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones, cuando venció al peronista Sergio Massa, está en minoría en las dos cámaras del Congreso: en Diputados, la ultraderecha tiene solo 38 bancas propias de un total de 257; en el Senado, ocho de 72. Para lograr la transformación del país que pretende, el ultraderechista necesitará negociar con otras fuerzas políticas. Su partido, La Libertad Avanza, está confiado de que lo logrará. Los sindicatos se volverán a reunir este jueves para definir cómo sigue el “plan de lucha” frente a un Gobierno que, por ahora, no tiene intenciones de dar marcha atrás.
