Córdova señala que el desafío del país es recuperar el control público y la protección ciudadana sin poner en riesgo las reglas democráticas.
Luis Córdova es doctor en Ciencias Políticas. Dirige el programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador.
Córdova analiza las implicaciones del traslado de reos desde la Penitenciaría del Litoral hacia otras cárceles, lo cual fue el detonante de la escalada de violencia que esta semana aterrorizó a Guayaquil, Durán y Esmeraldas, con atentados explosivos, asesinatos a gendarmes y enfrentamientos armados de la fuerza pública contra bandas criminales que están en la Penitenciaría.
Según datos del SNAI, entre el 1 y 3 de noviembre se trasladó a 1.002 personas privadas de libertad.
¿Qué esperar del estado de excepción en Esmeraldas y Guayas?
Lo que vamos a esperar es que durante los primeros 15 a 20 días haya mayor incidencia del Estado a través de presencia militar y policial. Probablemente se logre contener en algo la violencia, pero al término de ese periodo va nuevamente a retornar (la violencia). ¿Por qué? Porque, si no ha funcionado antes, no va a funcionar en esta ocasión. Hay vulnerabilidades del Estado que no se están tomando en cuenta, como, por ejemplo, el control de todas las sustancias químicas que son precursores para explosivos. ¿Quién está haciendo control sobre todo este tipo de sustancias que ingresan al país? ¿Quién está haciendo control sobre cómo se distribuyen? Eso está a cargo de las Fuerzas Armadas, pero como nadie les pide cuentas a las Fuerzas Armadas ni por el control de estas sustancias ni por el control de armas… Entonces, el ciclo de violencia continúa en una espiral ascendente e incontenible.
Durante el traslado de presos hubo amenazas y advertencias de grupos criminales. ¿Cómo influye esto en los enfrentamientos en las cárceles?
En el programa que estamos investigando nos llama la atención que, en los últimos siete meses, excepto en las últimas tres semanas, todos los operativos antinarcóticos golpearon a las estructuras que son rivales de Los Choneros. Nunca se golpeó a Los Choneros. Recién hace quince días se hizo público un golpe a una estructura de Los Choneros; de ahí, todos los demás fueron contra los rivales. Si a esto se añade que Leandro Norero era el financista de los rivales de Los Choneros y que, según la información que se ha hecho pública, estuvo en conversaciones con alias Fito, etcétera, que son los que dirigen a Los Choneros desde la Penitenciaría, y cuando estaba acercándose a conversar se le asesina a Norero… Entonces, lo que uno observa es que, al parecer, la estrategia es volverle a dar hegemonía a Los Choneros para poder pactar con ellos la pacificación de las calles y de las cárceles…
El argumento oficial de los traslados de internos es reducir el hacinamiento en la Penitenciaría. ¿Podrían ocurrir nuevos enfrentamientos?
Los traslados lo que hacen, como si fuese un corazón que expulsa sangre, es irrigar el problema de las pandillas en el resto de las cárceles. Entonces, en el resto de las cárceles, si es que los traslados coinciden con pandillas que (tienen) bajo control estos recintos, probablemente no haya disputas; este es un elemento. Otro elemento para tomar en cuenta es ¿por qué se disputan el control de las cárceles? El discurso oficial dice que porque hay una economía adentro que es rentable. En principio, sí: eso puede ser una explicación, pero lo más importante tiene que ver con las estructuras sicariales. Cuando hay una demanda de sicariato en las calles, como pasa ahora, hay muchas organizaciones que no están matando directamente, sino que contratan este servicio; ahí es cuando la violencia se sale de control y se vuelve más visible. Se contrata a grupos de sicarios para que limpien las líneas de la cocaína o de otros tipos de economías cuando ha habido decomisos. Los sicarios necesitan tener seguridad de que, en caso de ser detenidos, van a tener protección dentro de las cárceles; porque, si no la tienen, y ellos mataron a miembros de otras pandillas, van a ser eliminados automáticamente. La necesidad de controlar las cárceles está directamente vinculada a la violencia en las calles.
¿Cómo debe enfrentar el Estado esta situación?
Esto no se puede desmontar mientras no se desmonte la economía criminal que les alimenta económicamente a estos grupos. Y esto solo se hace creando una política de drogas, despenalizando el consumo de las drogas, disminuyendo el valor de la mercancía que les da riqueza a estas organizaciones. El Gobierno está haciendo todo lo contrario. Ahí hay un factor adicional, que es el auspicio y la asesoría de la embajada americana: todo lo que está pasando no se está dando si no es por auspicio y asesoría de la embajada americana.
La ciudadanía demanda que el conflicto termine ya; asimismo, exige servicios básicos y presencia del Estado. ¿Qué puede esperar la población?
Este es el gran desafío que tenemos como país en este momento: cómo recuperar el control público y la protección ciudadana sin poner en riesgo las reglas democráticas. Porque un Estado dictatorial, autoritario, no democrático, en 12 horas, en 24 horas, puede poner en orden todo, matando a quien sea, acusándoles de sospechosos e imponiendo el miedo desde la violencia estatal. La democracia son reglas; no es el Gobierno. Y eso es imprescindible discutirlo, porque es muy probable que, si esto no cambia, se esté creando el escenario, y el marco discursivo está ya puesto sobre la mesa, y la sensación emocional de la población está sobre la mesa, para que se pueda justificar precisamente un Gobierno que rompa estas reglas democráticas para recuperar el orden y la paz en las calle; y la gente, probablemente, puede estar dispuesta a aceptarlo, como lo hizo el presidente (Rodrigo) Duterte, en Filipinas.
Fuente: El Universo
