El paro de la Conaie, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, es un intento del crimen organizado por retomar el control del país.
Así lo advirtió el cineasta y analista Carlos Andrés Vera, al ser consultado por “Punto de Orden”.
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A su criterio, es una repetición de los hechos ocurridos en los años 2019 y 2022, durante los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso.
Efecto
Vera recordó que, a raíz de la ruptura del “morenismo” con el “correísmo”, entre los años 2017 y 2018, comenzaron episodios de violencia, que incluyeron ataques en la frontera norte, el secuestro y posterior asesinato de los periodistas de Diario El Comercio y los motines en las cárceles.
Y estos sucesos, dijo, coincidieron con las demandas penales contra los líderes correístas, que ansiaban recuperar el poder.
Desde entonces la RC5 ha tratado de volver a Carondelet, pero no ha podido hacerlo ni a través de las urnas ni mediante golpes.
Ahora utiliza a los indígenas para realizar un paro, sin tomar en cuenta que el subsidio al diésel solo beneficiaba a las economías criminales, especialmente en minería ilegal y el contrabando.
Basta ver que la protesta mantiene aislada a la provincia de Imbabura, donde está la mina ilegal más grande del mundo –Buenos Aires-.
El analista advirtió que la mayoría de los ciudadanos no desea la violencia, y se ve sometida por una minoría, acostumbrada al asedio, el acoso y el chantaje, pese a que no representa los intereses del país.
Vera se preguntó quién financia estas protestas, aunque es evidente, tal como sucedió en el 2019.
