Maribel Barreno solicita vacaciones a la Judicatura y busca eludir ‘inhabilidad’ establecida para seguir como vocal en caso por tráfico de influencias

Luego de más de tres horas de deliberación el juez a cargo del caso, Walter Macías, a la 01:00 de este jueves 28 de septiembre, dio a conocer de forma oral su llamado a juicio a Barreno, Morillo y Jhayya, pues llegó a la determinación de que existen suficientes elementos que hacen presumir la participación de los tres procesados en el delito investigado y deben acudir ante un Tribunal de Juzgamiento para que se defina si son o no culpables del tráfico de influencias por el que les acusa la Fiscalía General del Estado.

En el caso de Barreno, al llamado a juicio se le sumó un cambio de medida cautelar por el que al momento es buscada para ser detenida. De mantener una presentación periódica y prohibición de salida del país como medidas cautelares dentro de esta causa, desde la madrugada de este jueves Barreno tiene vigente una boleta de captura para que se cumpla con la orden de prisión preventiva que se le definió por constantemente en este caso realizar actos para entorpecer la administración de justicia y obstaculizar el normal desenvolvimiento del proceso penal.

Además de ello, Barreno, al igual que Morillo y Jhaya, al haber sido llamados a juicio, quedaron inhabilitados para seguir en el cargo y se suspendió la jurisdicción, en el caso del juez provincial. Morillo y Jhaya se diferencian de las medidas adoptadas contra Barreno, únicamente en que para ellos no se pidió una reforma de medidas cautelares, por lo que deberán seguir cumpliendo su presentación una vez por semana y tendrán prohibido salir del país.

Abogados consultados creen que el pedido de vacaciones no procedería porque ya se determinó judicialmente un llamado a juicio que inhabilita a Barreno, así como también a Morillo y Jhayya, a seguir en el cargo como vocales y juez, respectivamente.

Desde el Consejo de la Judicatura se ha dicho que por el momento no existe ningún pronunciamiento oficial sobre la situación de Maribel Barreno y Juan José Morillo y que la institución está a la espera de ser notificada oficialmente con la resolución del juez nacional Walter Macías.

La fiscal general, Diana Salazar, explicó que una vez que esté ejecutoriado el auto de llamamiento a juicio se oficie al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), como entidad nominadora, y al director general del Consejo de la Judicatura para que se emita la resolución motivada con la remoción de los funcionarios que sean llamados a juicio en este proceso penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 77, numeral 3, y 122.1 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Indicó que en el caso de incumplimiento, se oficie al contralor general del Estado para que proceda conforme lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Servicio Público y el artículo 8 de su Reglamento General. En el mismo sentido, se pidió que se oficie al Ministerio del Trabajo para que se realice el registro de inhabilidad de cargo público, en cumplimiento de lo establecido en la norma vigente.

De Maribel Barreno no se conoce su paradero, por lo que agentes de la Brigada de Capturadores de la Policía Judicial avanzan en su tarea investigativa para ubicar y detener a la procesada. La inhabilitada vocal de la Judicatura únicamente asistió vía telemática a la primera parte de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Ella no escuchó la decisión de validez procesal a la que llegó Macías y menos aún estuvo el momento en que el magistrado llamó a juicio a todos y ordenó contra ella prisión preventiva.