Para el próximo martes quedó pospuesto el dictamen de la acción de protección, planteada por el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz.
El funcionario fue destituido el pasado 12 de agosto por 3 de los integrantes del consejo, y reemplazado por la vicepresidenta, Ivonne Coloma. En respuesta, presentó el citado recurso contra la propia Coloma y los jueces Guillermo Ortega y Ángel Torres, quienes hicieron mayoría.
Muñoz argumentó que, de acuerdo a la ley, solo el presidente del TCE puede convocar sesiones. Sin embargo, sus opositores hicieron una reunión “extraordinaria”.
Durante la diligencia, realizada en el Complejo Judicial Norte de Quito, la defensa del removido presidente del TCE presentó las evidencias de su nombramiento, y la forma en que fue expulsado del cargo. Su reclamo apunta a ser restituido.
De su lado, los abogados de los demás magistrados refutaron su exposición.
Muñoz solicitó el testimonio juramentado de los 3 jueces que lo destituyeron, por lo cual la audiencia será retomada el próximo martes, una vez evacuado el pedido.
Rafael Oyarte, su abogado, advirtió que no conceder la acción de protección sentaría un gravísimo precedente, ya que la mayoría del TCE ni siquiera lo cuestionó de forma pública, y no le concedió el derecho a la defensa.