Disputas de territorio entre bandas narcodelicitivas y alta prevalencia de criminalidad han sido, en algunos casos, el contexto de las muertes.
Dieciséis velas encendidas y colocadas en el piso, acompañadas de una cruz de madera y pintadas de lila, junto a rosas de diversos colores y el nombre de las mujeres víctimas de femicidio, fue la manera de representar el asesinato de mujeres en manos de sus parejas.
Geraldina Guerra, presidenta de la fundación Aldea, indicó que, el año pasado, cada 26 horas una mujer fue víctima de femicidio.
Agregó que, en los dos últimos años, las condiciones y características en las que se dan esas muertes han variado, pues se dieron con mayor peligrosidad en contextos de economías criminales, disputas de territorio entre bandas narcodelicitivas, alta prevalencia de criminalidad y formas misóginas contra la vida y los cuerpos.
De las 332 mujeres, al menos 48 reportaban antecedentes de violencia, 9 tenían boletas de auxilio, 16 mujeres fueron previamente víctimas de violencia sexual y 25 fueron reportadas como desaparecidas.
Además, 14 estaban embarazadas, y 4 de cada 10 eran madres.
De los casos, al menos 311 eran ecuatorianas, 9 venezolanas, 5 colombianas y una peruana. 26 eran afrodescendientes, 14 indígenas y 276 mestizas.
De los culpables de femicidios, 3 intentaron suicidarse y hubo 22 suicidios.
Guayas, Manabí y Esmeraldas son las provincias donde se dio mayor cantidad de femicidios. En Guayaquil hubo 77 casos y Esmeraldas tuvo 19.
En seis de cada diez casos se usó un arma de fuego para asesinar a una mujer.
“Exigimos a las instancias competentes, tanto en el nivel nacional como en el nivel local, que generen acciones efectivas de prevención de la violencia contra las mujeres, por lo menos en los cantones donde se registra mayor incidencia”, dijo.
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Sonia Salamea, de Cuenca, madre de Cristina Palacios, contó que su hija fue asesinada en 2017 por un compañero de trabajo, quien tras varios meses de juicio fue condenado a 34 años y 8 meses de prisión.
Cuestionó que el asesino debería estar en la cárcel de Turi, pero habría sido llevado a la de Azogues tras haber recibido un habeas corpus.
Katherine Cuasquer, de Ibarra, era madre de Zoe, a quien —señaló— un policía le arrebató la vida. Tenía 7 meses.
Dos sicarios en una moto se acercaron y le dispararon, en abril del año pasado. Era su única hija. El responsable habría sido el padre de la niña. Hay cuatro involucrados. El juicio por este caso será el próximo 24 de enero.
Las familias y las organizaciones sociales hicieron pedidos al Gobierno para que se cumpla con la entrega de bonos por femicidio, así como las medidas de reparación.
Esto porque en 2022 hubo 245 casos de orfandad por causas de femicidio, según mencionó Mayra Tirira, de la fundación Surkuna.
En 2021 hubo 197 femicidios; en 2020, 118; en 2019, 106; en 2018, 88; y en 2017, 153, según cifras de organizaciones sociales.
Fuente: El Universo
