El País .- La medida afecta a los empleados que ingresaron en el último año. El texto avisa de que se revisarán también las contrataciones previas a 2023 mientras los sindicatos se preparan para concentrarse este miércoles contra el desguace del Estado
El presidente argentino, Javier Milei, ha retomado su agenda para reducir al mínimo el Estado tras el receso de Navidad. En su tercera semana de Gobierno, el mandatario ultra ha firmado un decreto que cesa los contratos de trabajadores estatales que ingresaron en el último año. El Gobierno calcula que son “más de 5.000″ los afectados, mientras que otras fuentes, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), estiman que la cifra supera los 7.000. El número podría crecer, ya que el Gobierno también revisará en los próximos 90 días los contratos de trabajadores del sector público empleados antes del 1 de enero de 2023, y los sindicatos están en alerta.
El decreto publicado este martes en el Boletín Oficial establece que no se renovarán los contratos de trabajadores del Estado firmados a partir del 1 de enero de 2023. La medida contempla algunas excepciones: por ejemplo, están exceptuados los trabajadores que son parte de “cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”, como las personas con discapacidad, o el personal que es considerado “indispensable” para una jurisdicción. El texto también anticipa que el resto de los contratos será sometido a “un relevamiento exhaustivo” en los próximos 90 días.
En su primer discurso como presidente, Milei ya había anticipado que el ajuste que promete su Gobierno lo pagará el Estado y no el sector privado. El recorte empezó por el Gabinete de Ministros, cuado el ultraderechista limitó el número de carteras a nueve, la mitad de los que había en la gestión anterior. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció como parte de las primeras medidas económicas la reducción de la plantilla estatal. El decreto publicado este martes es un paso más en la hoja de ruta del Gobierno y apunta a “lograr un mejor funcionamiento de la Administración pública”.
El sector público argentino cuenta en total con casi 3,5 millones de empleados asalariados, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, de los que una décima parte pertenecen a la Administración nacional. El gasto en personal de estos últimos representa el 2,2% del PIB, de acuerdo a un informe de la consultora Ieral – Fundación Mediterránea, un porcentaje que se ha reducido desde 2015, cuando era del 3,3% del PIB. Según ese análisis, la participación del empleo público en el presupuesto “está cerca de los países escandinavos y en las antípodas de Japón y Alemania”.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha calificado el decreto de “agresión” contra estos trabajadores y ha considerado en un comunicado que los empleados públicos “en todos los casos desempeñan tareas que son indispensables”. “Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido”, ha avisado Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en un comunicado difundido por la organización, en el que se avisa que el sindicato pretende “profundizar” su “plan de lucha”.
El reclamo se hará oír este miércoles en una convocatoria hecha por las centrales sindicales del país para exigir también que se frene el decreto firmado por Milei hace una semana con 300 reformas para desguazar el Estado argentino. El presidente presentó el pasado miércoles otro decreto de necesidad y urgencia que deroga leyes, elimina decenas de regulaciones estatales, habilita la privatización de empresas públicas como la petrolera YPF y abre la puerta a las operaciones en dólares. También da el puntapié para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud.
Los reclamos de los trabajadores, que consideran que el ajuste de Milei recae en los sectores más vulnerables de la población, se harán en un clima de tensión marcado por un nuevo protocolo contra los cortes de calles. El plan fue anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, casi en simultáneo a las medidas económicas y entró en práctica por primera vez el pasado 20 de diciembre, cuando decenas de miles de personas salieron a protestar rodeados de fuertes medidas de seguridad.
Presión sobre el Congreso
Milei también ha oficializado este martes el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, que se extenderá hasta el 31 de enero. El decreto publicado en el Boletín Oficial enumera en un anexo las iniciativas a tratar, como el proyecto de ley para reformar el Estado o el proyecto de ley para establecer la boleta única de papel en las elecciones nacionales, temas que no entraron en el decreto de necesidad y urgencia impuesto por Milei hace una semana y que serán enviados al Congreso de forma “inminente”, según el Gobierno.
Para lograr la transformación del país que pretende, Milei necesitará negociar con otras fuerzas políticas. Aunque obtuvo el 56% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones, está en minoría en las dos cámaras del Congreso: en Diputados, la ultraderecha tiene solo 38 bancas propias de un total de 257; en el Senado, ocho de 72.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, ha lanzado este martes un mensaje a los legisladores que tratarán el temario y ha puesto presión sobre las Cámaras. “Diputados y senadores deberán elegir entre acompañar el cambio y esta Argentina que queremos para la gente de bien y sin el peso del Estado o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda”, ha dicho Adorni tras la reunión de Gabinete. El portavoz ha indicado que apela a su “buena voluntad” y a que “estén a la altura de las circunstancias”.
