Las Fuerzas Armadas ratifican su decisión: gustosamente colaboran con el rescate del orden interno del país.
Sin embargo, en sus filas hay el temor de que esta energía que aplican en sus labores, les pueda causar algún día problemas legales, si llega al poder un gobierno extremista y ansioso de revancha.
Patricio Acosta, ex oficial de las FFAA, recordó que algo así ya sucedió hace 10 años, cuando el entonces presidente Rafael Correa decidió crear una “comisión de la verdad”, con el exclusivo propósito de perseguir a los militares que combatieron al terrorismo, durante la administración de León Febres Cordero.
Acosta precisó que en 1985, Febres Cordero, como autoridad legítima, ordenó enfrentar a los grupos subversivos que aparecieron en Ecuador. Una tarea que tuvo éxito, pues policías y militares lograron sofocarlos.
Sin embargo, en el 2014, Correa implementó un juicio espurio e inconstitucional, por supuestos delitos de lesa humanidad, que abarcó a muchos oficiales que participaron en ese combate a Alfaro Vive. Un grupo que, por cierto, tuvo a varios de sus representantes en el régimen de entonces, incluso como ministros de Estado.
Como resultado, algunos de los oficiales que los enfrentaron fueron condenados a prisión de forma injusta.
Por tanto, es necesario que el actual gobierno, para evitar un posible abuso en el futuro, emita una normativa que defienda la legítima actuación de los elementos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Acosta precisó que en la Asamblea Nacional, durante el tratamiento de las frustradas reformas penales, pretendieron aumentar en un 10% las penas a los soldados y policías implicados en extralimitaciones. Otro punto que debe ser evitado.
Cumplimos en las prisiones
El Coronel Acosta explicó que, si bien los militares no son carcelarios, han demostrado que su manejo de las prisiones ha sido eficiente.
De ahí que cualquier futuro manejo de las cárceles, a su criterio debe incluir a elementos de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, de los reservistas, que podrían ser de gran ayuda.
Caso contrario, anotó, devolver las prisiones al actual sistema de guías, sería como arar en el mar.
La solución podría ser privatizar el régimen carcelario, pero con vigilancia del gobierno y de las FFAA.
