La Contraloría General del Estado estableció nuevas glosas, por 204 millones de dólares, contra un proveedor de servicios de la extinta empresa pública Petroamazonas.
De acuerdo a la investigación, dicho proveedor suspendió algunos servicios y reprogramó otros de forma injustificada, en los campos menores Drago y Guanta-Dureno. Se trataba de actividades de perforación, reactivación de pozos cerrados, construcción y ampliación de plataformas petroleras.
Tampoco cumplió con el plan de capacitación para los funcionarios de Petroamazonas, que debía ejecutarse desde el año 2018, lo cual generó un desfase en la mejora del personal.
Todo ello generó un perjuicio de casi 153 millones de dólares.
La auditoría estableció que los argumentos expuestos por la compañía de servicios, para justificar las reprogramaciones, no estaban dentro de los contratos originales, y por tanto, no se justificaban.
Además, el proveedor suspendió sin justificación sus actividades por más de 60 días, incurriendo en uno de los motivos para la terminación anticipada del contrato. Tales incumplimientos ocasionaron que no se incremente la producción de los pozos, con un perjuicio adicional para el Estado por 51 millones de dólares.
De acuerdo a la ley, los directivos de la empresa proveedora pueden pedir la revisión del examen en la propia Contraloría, o en los tribunales de lo Contencioso Administrativo, antes de que el caso pase a manos de la Fiscalía General del Estado.
