Unos 4,3 millones de refugiados y migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe carecen de servicios básicos, alimentación y empleo formal pese a los esfuerzos de regularización y apoyo en países de acogida, según el informe Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA), difundido el miércoles por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La diáspora venezolana hacia Estados Unidos se disparó en la última década, impulsada principalmente por la pobreza y violencia. En 2022 representó alrededor del 71% de los más de 150.000 migrantes que ingresaron a Panamá a través de la peligrosa selva Darién, fronteriza con Colombia.
«La mitad de la población refugiada y migrante en la región no puede costear tres comidas diarias», señalaron en un comunicado conjunto ACNUR y OIM, al presentar el estudio.
El informe, denominado Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA), detalla que «para comprar comida o evitar vivir en la calle, muchas personas venezolanas se ven obligadas a recurrir al sexo de supervivencia, la mendicidad o el endeudamiento».
El acelerado aumento del costo de la vida, el impacto de la pandemia y el desempleo han exacerbado la vulnerabilidad de los venezolanos que emigran, agrega el estudio de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), codirigida por la ACNUR y la OIM.
Según Eduardo Stein, representante de la ACNUR y la OIM, «los países de acogida han mostrado un liderazgo constante en su respuesta a la crisis, adoptando medidas de regularización y facilitando el acceso a salud, educación y otros servicios sociales», pero no es suficiente.
