El Ministerio de Salud Pública inició la desvinculación de al menos 150 profesionales en distintas provincias del país. La medida afecta a médicos, enfermeros, odontólogos, psicólogos y personal administrativo que mantenían contratos ocasionales o nombramientos provisionales.
Las salidas forman parte de un proceso técnico que busca optimizar la gestión institucional. Según la entidad, esta reestructuración alcanzará aproximadamente al 1 % de la nómina total, lo que podría traducirse en cerca de 1.200 desvinculaciones a nivel nacional.
En Quito se reporta la mayor cantidad de casos, con más de 100 trabajadores notificados. En Imbabura, al menos 37 funcionarios también fueron separados de sus cargos. Otros despidos se ejecutan progresivamente en diferentes direcciones provinciales.
Las autoridades explicaron que la decisión responde a la identificación de personal excedente, duplicidad de funciones o baja carga laboral. Además, sostienen que los recursos liberados permitirán fortalecer áreas prioritarias del sistema de salud.
El Colegio Médico de Pichincha cuestionó la medida y advirtió que podría agravar la situación del sistema público. Representantes del sector consideran que la reducción de personal afectará directamente la atención a los pacientes.
Profesionales de hospitales públicos también alertan sobre la falta de personal en áreas críticas. Señalan que ya existen limitaciones operativas, como quirófanos cerrados o servicios reducidos, debido a la escasez de trabajadores.
Las desvinculaciones se producen en medio de dificultades en la red de salud pública, que enfrenta problemas de abastecimiento, infraestructura y cobertura.
Mientras tanto, la vicepresidenta María José Pinto realiza una visita internacional para conocer modelos de gestión hospitalaria. Este contexto ha intensificado el debate sobre las decisiones adoptadas en el sector.
El Ministerio de Salud Pública sostiene que la medida permitirá mejorar la eficiencia del gasto y redirigir recursos hacia zonas con mayores necesidades. Sin embargo, gremios y trabajadores insisten en que la reducción de personal podría impactar negativamente en la calidad del servicio.
