El gobierno lo ratifica: no permitirá más “sueldos dorados” en el sector público.
En diálogo con “Punto de Orden”, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, recordó que, de acuerdo a la ley, ningún trabajador del sector público puede ganar más que el presidente de la República. Es decir, por encima de 5.072 dólares mensuales.
Sin embargo, al revisar los pagos de ciertas empresas e instituciones del Estado, detectó salarios de entre 7.000 y 8.000 dólares, y en algunos casos mucho mayores, con extrañas combinaciones de bonificaciones, horas extras y comisiones, o en algunos casos gracias a los contratos colectivos.
Esta situación motivó a emitir un acuerdo, que prohíbe superar el monto del sueldo presidencial, y de ser así, se anula automáticamente el pago.
Núñez precisó que su cartera, como siguiente paso, analiza los alcances de los contratos colectivos, a fin de establecer si cumplen las normativas legales. Si algunas de las cláusulas no lo hacen, perderían toda legalidad.
La Constitución, apuntó la ministra, reconoce la contratación colectiva. Sin embargo, algunos de estos acuerdos contienen privilegios inaceptables. Por ejemplo, estabilidad laboral de 7 a 9 años, e indexación de aumentos salariales. Es decir, un aumento sobre el ingreso del trabajador, y posteriormente, cada año posterior, aumento sobre la base y el alza anterior.
Los contratos colectivos, dijo, surgieron no para mejoras salariales, sino para una estabilidad razonable. De lo contrario se convierten en el mecanismo de destrucción de las instituciones, como ocurrió con TAME.
Asimismo, el Ministerio de Trabajo estableció una revisión de los contratos ocasionales, que representan para el Estado un egreso anual de 1.221 millones de dólares. Por lo pronto, en diciembre pasado no se dieron renovaciones a 464 burócratas.
Quedarán exceptuados de los despidos, las personas con discapacidades o enfermedades catastróficas, o las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
Trabajo por horas es positivo
En otro ámbito, la ministra defendió la propuesta de trabajo por horas, que consta en la Consulta Popular y Referéndum, fijada para el 21 de abril próximo.
Núñez explicó que el objetivo de la pregunta, en caso de ganar el “Sí”, es incorporar a nuevas personas al sector laboral, al menos de forma parcial.
Hay actividades, remarcó, que pueden acogerse fácilmente a este ritmo. Por ejemplo, jardinería y limpieza de piscinas.
También descartó que se convierta en una herramienta para despidos masivos, como señalan gremios sindicales.
