El Municipio de Guayaquil ratificó que el complejo Multicomercio será demolido. La decisión responde a un riesgo inminente de colapso tras el incendio registrado en el centro de la ciudad.
La resolución provino de una mesa consultiva técnica liderada por Segura EP. En ella participaron entidades municipales, gremios y expertos académicos. Los informes concluyeron que las estructuras no son seguras y que la demolición es irreversible.
El incendio movilizó a más de 1 500 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes trabajaron durante 130 horas continuas para controlar la emergencia.
Las autoridades mantendrán el cierre de la zona cero en un perímetro de 100 metros. La restricción incluye las calles Eloy Alfaro, Brasil, Febres Cordero y Cuenca. La medida afecta a una escuela, dos supermercados y al menos 40 locales comerciales. La Policía Nacional mantiene el control permanente del área.
Álex Anchundia, gerente general de Segura EP, señaló que la prioridad es proteger vidas humanas. Afirmó que, pese a las pérdidas materiales, el derrocamiento es necesario para devolver la tranquilidad al sector.
Debido a la inestabilidad del edificio, los próximos análisis técnicos se realizarán con herramientas tecnológicas. En paralelo, el Municipio acelera los trámites administrativos para ejecutar la demolición en el menor tiempo posible.
Hasta ahora, las autoridades han brindado atención a 120 núcleos familiares afectados. El Municipio ofreció albergues, aunque no fueron requeridos. Se mantiene contacto permanente con los damnificados.
Además, se anunciaron operativos conjuntos con la Intendencia de Policía, los Bomberos y la Dirección de Justicia y Vigilancia. El objetivo es inspeccionar bodegas y locales del centro que operen sin permisos o con almacenamiento excesivo.
En la mesa técnica participaron representantes de la Cámara de la Construcción, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, universidades y consultores privados.
La definición de la fecha y el método de demolición podría extenderse hasta finales de febrero. Anchundia explicó que, al tratarse de un bien privado, el Municipio debe cumplir una vía administrativa específica antes de intervenir.
También indicó que se evaluará la inclinación y el movimiento de la estructura para definir la técnica más segura. Los propietarios aún no se han acercado para informar si el inmueble estaba asegurado ni cómo se compensará a las familias afectadas.
Segura EP convocó a propietarios y damnificados a una reunión este jueves. Las causas del incendio siguen bajo investigación. Este miércoles se reportó una alerta de humo por focos de calor, lo que activó a varias unidades de Bomberos.
También te podría interesar: Judicatura ratifica a Damián Larco como presidente temporal tras salida de Mario Godoy
