Detener la explotación petrolera en el Parque Yasuní significaría enormes pérdidas para el país.
Así lo advirtió el experto Boris Abad, al ser consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”.
Abad precisó que las supuestas “alternativas” que ofrecen los grupos “ecologistas”, no son viables, y más bien demuestran que carecen de seriedad y análisis previo.
Por ejemplo, reemplazar los actuales taxis y buses por carros eléctricos, con el argumento de “ahorrar combustible”, no es tan sencillo como pregonan. Para empezar, ese proceso tardaría al menos 10 años, y obligaría al Estado a aumentar la capacidad de generación eléctrica.
Eso significaría, dijo, invertir 40.000 millones de dólares en la compra de los nuevos vehículos eléctricos, y otros 800 millones en la implementación de las electrolineras.
También consideró absurda la supuesta alternativa, de compensar el posible cierre del bloque ITT con el turismo. De acuerdo a sus cálculos, se necesitarían 3 millones de visitantes extranjeros por año, una cantidad que está muy lejos de la realidad.
Además, no existe la infraestructura para albergar a tantos turistas, que, por cierto, provocarían mayor contaminación.
Eso sin mencionar que hay actualmente 12 iniciativas de comunidades en Yasuní, en operaciones turísticas, que tendrían que cerrar si termina la explotación de crudo.
Abad exhortó a asumir la realidad del Ecuador: un país pobre, que depende de sus recursos petroleros para el desarrollo.
El experto calificó de “babosada” la consulta impulsada por el colectivo Yasunidos, ya que se basa en supuestos daños ambientales. El bloque donde se extrae el crudo, anotó, no ocupa ni siquiera 500 hectáreas, dentro de un parque que ocupa 2 millones.
Abad afirmó que “no producimos más petróleo porque no nos da la gana”, y culpó al actual gobierno de la inestabilidad del sector. Como prueba, en apenas 2 años ya han pasado 7 gerentes por Petroecuador.
El experto remarcó que apenas se está explotando el 18% de la capacidad petrolera del país. Y la principal causa es la lentitud de los trámites burocráticos. Como prueba mencionó que para obtener un permiso ambiental, las empresas del sector tardan hasta 2 años.
La solución, a su criterio, es despolitizar Petroecuador, y actuar con la seriedad que merece el negocio.
