La jueza Cruz Germania Torres rechazó la acción judicial presentada por jubilados que denuncian atrasos de varios meses en las devoluciones del IVA. El problema de fondo es que, enero y noviembre de 2025, se ha acumulado un déficit fiscal de casi $4.300 millones.
La mañana de este 8 de diciembre de 2025, el reclamo de un grupo de jubilados en Guayaquil sufrió un revés. La jueza de Guayaquil les negó la acción de protección que habían presentado en septiembre de este año para exigir al Gobierno la devolución del IVA, cuyos pagos, según denuncian, se encuentran atrasados en más de 6 meses.
El proceso judicial había despertado expectativa entre cientos de adultos mayores que dependen de este reembolso mensual para cubrir gastos de salud, alimentación o medicinas.
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Pero la audiencia duró menos de diez minutos, según relata Harry Valarezo, procurador del grupo de jubilados. “Esta decisión es una burla, la jueza nos niega el pedido sin motivación alguna. Simplemente dijo que no hay vulneración de derechos”, criticó al salir de la sala.
Valarezo confirmó que apelarán de inmediato: “En 5 días deberían notificar por escrito la sentencia y vamos a impugnarla. Esto es una injusticia tremenda para los adultos mayores”.
El grupo sostiene que el Estado no solo ha incumplido con pagos esenciales, sino que ha vulnerado el acceso efectivo a derechos para un sector especialmente vulnerable.
Entre enero y noviembre de 2025, se acumularon atrasos, o pagos pendientes con proveedores, IESS, y otros, por $1.646 millones. A esto se suman $1.979 millones de atrasos de años anteriores. Es decir, los pagos pendientes llegan a $3.625 millones.
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Según el Observatorio de la Política Fiscal, entre enero y noviembre de 2025, los ingresos tributarios, o por impuestos, alcanzaron $15.868 millones, pero solo los gastos corrientes, principalmente salarios públicos, transferencias y funcionamiento estatal básico, sumaron $20.876 millones.
Esa diferencia estructural deja al Gobierno sin liquidez para cubrir pagos que van desde proveedores públicos hasta devoluciones obligatorias como las que corresponden a adultos mayores y personas con discapacidad.
